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ERE

Anticorrupción estudia si recurre el auto de la juez Alaya que plantea la imputación de Griñán y Chaves

11/09/2013
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Analiza si la resolución se ajusta a derecho y cumple la jurisprudencia del Supremo en materia de aforamiento

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de recurrir el auto de la juez Mercedes Alaya en el que plantea la imputación de los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros autonómicos en la causa en la que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos tramitados por la Junta, informaron a Europa Press fuentes fiscales.

El Ministerio Público, que tiene un plazo de cinco días para recurrir el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, estudia si la resolución judicial se ajusta a derecho y si cumple con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de aforamiento.

En un auto dictado este martes, la juez Mercedes Alaya comunica la apertura de un procedimiento "en calidad de imputados" que afecta tanto a Chaves y Griñán como a los exconsejeros Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.

En su resolución, que ha coincidido con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, la juez da traslado de las actuaciones y de los próximos señalamientos de declaraciones a todos ellos a fin de que puedan personarse en la causa "si ese fuera su interés".

"ELEMENTOS PRECISOS"

Alaya asevera en su auto que el estado de la investigación "presenta ahora unos elementos configuradores mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo".

Asimismo, apunta que, "sin variar el núcleo esencial, que sería la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido", dichos elementos "oscilan" ahora "desde las sobrecomisiones que supuestamente la Junta permitió cobrar a las mediadoras que gestionaban e impulsaban las pólizas, vehículo de las subvenciones, y ello a cambio de ciertos favores, a las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril de 2000 ese uso ilícito de fondos públicos".

Para ello, se habrían hecho una "utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación, creando la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años".

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