MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ley de víctimas salió de las Cortes Generales con consenso de todos los grupos parlamentarios en septiembre de 2011 y en ella se preveían seis meses para la aprobación de su reglamento, que quedaba así fijado para marzo de 2012.
Sin embargo, el texto aún no ha visto la luz y será este viernes cuando reciba el visto bueno del Gobierno con el objetivo de facilitar el "acceso privado y telemático" de las víctimas a sus expedientes en relación con las ayudas que prestan las administraciones.
En 2012, el Ministerio del Interior hizo público un borrador del Reglamento y ofreció a las asociaciones y colectivos de víctimas la oportunidad de presentar sugerencias y propuestas de modificación. Este primer texto no incluía muchas de las aspiraciones y reclamaciones de las asociaciones, que presentaron sus quejas ante el Ministerio.
Fuentes de los colectivos de víctimas han asegurado a Europa Press que no han vuelto a tener ninguna noticia del Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz y no conocen el contenido del texto final que aprobará el Gobierno.
Sin embargo, fuentes del Ministerio han subrayado que el reglamento primero se sometió a una audiencia pública para dar a las asociaciones la oportunidad de opinar y así lo hicieron colectivos como la AVT, las asociaciones canaria, valenciana y gallega de víctimas, la asociación de víctimas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado además de otras diez víctimas a título personal.
Después, aseguran que se han mantenido los contactos durante toda la tramitación e incluso después de los cambios efectuados tras el dictamen del Consejo de Estado, a través de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco. De hecho, el Ministerio ha informado este jueves a las asociaciones de que el reglamento iba a ser visto mañana por el Consejo de Ministros.
El objetivo es que esta norma delimite con precisión las reparaciones, indemnizaciones y ayudas que podrán tener las víctimas, así como su ámbito, los titulares y cuantía de las indemnizaciones, la reparación de los daños materiales, las ayudas para asistencia sanitaria y psicológica y las acciones del Estado para honrar a las víctimas de atentados.
