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El eclipse del Derecho; por Andrés Ollero Tassara, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

16/08/2013
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El día 16 de agosto de 2013, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Andrés Ollero Tassara, en el cual el autor opina que el derecho es un mínimo ético indispensable, que genera en consecuencia una obligación moral.

EL ECLIPSE DEL DERECHO

La crisis económica, así como actitudes dirigidas a una interesada erosión de las instituciones políticas, han convertido en tópico la afirmación de que en realidad lo que nuestra sociedad experimenta es una grave crisis moral. Discrepo del diagnóstico. Entiendo que con ese juego entre economía, política y moral se eclipsa un elemento particularmente decisivo: el derecho. Este llamativo fenómeno se debería, a mi modo de ver, a dos razones.

La primera podría caracterizarse como clericalismo civil y es fácil adivinarla bajo actitudes laicistas no pocas extendidas, también entre los mismos creyentes. Se considera de sentido común el siguiente planteamiento: hay ciudadanos cuyas convicciones religiosas generan determinadas exigencias morales y, en la medida que las consideran de particular tonelaje, pretenden imponerlas a los demás recurriendo a la capacidad coactiva del derecho. Este aparece pues como el brazo armado de una moral de procedencia religiosa. Considero que la realidad de las cosas invitaría a entender precisamente lo inverso.

Ningún teórico del derecho solvente discute que el derecho debe ser entendido como un mínimo ético, indispensable para garantizar suficientemente una convivencia que merezca el nombre de humana. El derecho no pretende hacer al ciudadano feliz, rico ni santo. Pretende crear un marco normativo mínimo que le posibilite aspirar a esos o cualquiera otros objetivos. Las exigencias jurídicas son sin embargo tan mínimas como indispensables, lo que las convierte en condición previa para cualquier logro de maximalismos morales.

El clericalismo civil lleva a olvidar que matar, robar o mentir (defraudando la buena fe del prójimo) no son imperativos morales que, por su importancia, el derecho haya de imponer por la fuerza. No matar, no robar o no mentir son obvias exigencias jurídicas, sin cuyo respeto una convivencia humana es impensable. Precisamente por ello son ellas las que generan una consiguiente obligación moral. No tiene sentido pues que a quien pretende tomarse en serio el no matar, robar o mentir se le acuse de querer convertir los pecados en delitos. En realidad hay delitos tan graves que llegan a ofender a Dios, convirtiéndose en pecados: matar o estafar, por ejemplo.

Quizá el barullo clerical procede de precedentes tan antiguos que nos situarían en el Sinaí. El decálogo no era una colección de exigencias morales, ocurrencia de un Dios todopoderoso; contiene jurídicos mínimos éticos, como los ya aludidos, junto a maximalismos morales, como amar a Dios sobre todas cosas o -no digamos- al prójimo como a uno mismo. Quien, en clave moral, aconsejó poner la otra mejilla al verse agredido, se cuidaba más de pagar los impuestos que algunas estrellas del balompié.

El derecho es un mínimo ético indispensable, que genera en consecuencia una obligación moral. La fe es simplemente una claraboya que, en su caso, ayuda a ver con más claridad tanto las exigencias jurídicas como las morales. Esto que, lejos de habilitar para imposiciones, atribuye responsabilidades argumentativas a los con ella privilegiados. Creer no es suscribirse a una franquicia de alucinógenos, para amenizar la vida de los vecinos con las propias ocurrencias; es disfrutar de la posibilidad de conocer con más facilidad las cosas como son y sentirse responsable de ello respecto a los demás.

Falta, sin embargo, un segundo elemento que explica el auge del ya indicado clericalismo civil. Cuando el derecho se identifica con la voluntad del que manda, sugerir que pueda generar una obligación moral invita a la carcajada. Este es nuestro segundo problema. Nos pasamos el día encomiando ese Estado de Derecho, sin el que España sería inimaginable según el primer artículo de nuestra Constitución; pero en la cabeza tenemos firmemente arraigada una falsa teoría jurídica, que entiende al derecho como instrumento coactivo al servicio del Estado y no como un conjunto de exigencias de cuyo respeto derivaría su propia legitimidad.

El problema es que no cabe hablar en serio de Estado de Derecho sin suscribir, aunque sea por lo bajini, una teoría jurídica hoy prohibida. Se dijo en el Bundestag en ocasión solemne: “La idea del derecho natural se considera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la que no vale la pena discutir fuera del ámbito católico, de modo que casi nos avergüenza hasta la sola mención del término”. Volvemos pues al Sinaí y al posterior barullo clerical. Si el derecho natural, que fundamentó el reconocimiento de los derechos humanos en tierras de conquista, aparte de impulsar un derecho internacional en la Europa desgarrada por guerras de religión, se convierte en imposición sobrenatural, aviados estamos.

Es obvio que la actual alergia a la verdad, alimentada por el temor de que sus afortunados propietarios nos den con ella en la cabeza, ha convertido al derecho natural en mero animal de compañía. Defendemos los derechos humanos como exigencia indeclinable de nuestra propia dignidad, pero negamos que les pueda servir de fundamento una realidad ética tan objetiva y racionalmente cognoscible como la física. Pretendemos garantizar derechos fundamentales sin fundamento. No vendrá mal recordar una sevillana, que no hace demasiada gracia a los almonteños: “La Virgen del Rocío no tiene dueño”. El derecho natural tampoco; qué demonios se han creído los iusnatu-ralistas...

Leo en estos días viejos análisis de Ronald Dworkin sobre la jurisprudencia constitucional norteamericana. Con independencia de que no comparta bastantes de sus planteamientos, me parecen un ejemplo admirable del afán de detectar exigencias jurídicas que derivan de la naturaleza humana, girando en su caso en torno a la igualdad como virtud soberana. Como en su país se sabe sin alboroto la ideología de cada cual -o quién y por qué lo nombró- él defiende, frente a los magistrados a los que tacha de “historicistas”, con Scalia a la cabeza, una interpretación integralista de la Constitución. No es sino el elemental recuerdo de que, sin el fundamento de unos principios jurídicos previos a la ley -tan objetivos como mínimos- hablar de Constitución es una broma pesada.

Defender el Estado Derecho y ningunear un derecho natural presentado como invento de curas, listos siempre para la toma del poder, es querer sorber y soplar al mismo tiempo. Pretender que alguien razone, partiendo de la base de que no hay nada verdadero a lo que objetivamente quepa remitirse, es un desafío al principio de no contradicción. Si nada es verdad ni mentira, es lógico considerar politizado un Tribunal Constitucional del que todo razonamiento resulta excluido, devorado por el voto, y a cuyos magistrados resultaría obligado contemplar como abogados de parte. No les quedará otra opción que aparecer como pintaba Marx a los juristas en general: farsantes, que presentan como razonamientos lo que son solo exigencias del poder que les encumbró.

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