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Contrato a tiempo parcial

La regulación del contrato a tiempo parcial costará 4,56 millones en 2014

09/08/2013
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La nueva regulación de la jubilación para trabajadores con contrato a tiempo parcial ascenderá a 4,56 millones de euros el año que viene, 17,06 millones en el año 2015 y a 38,62 millones de euros en 2016, alcanzando un gasto de 255,68 millones de euros en el año 2020, si bien el 22,73% de estas cuantías las soportarán las cuentas de la Seguridad Social y no las arcas del Estado.

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Así consta en la memoria de impacto del decreto ley para la Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto y que deberá ser convalidado antes de 30 días por el Pleno del Congreso.

En el texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo parte de una proyección de altas inicial de 1.278 el próximo ejercicio hasta alcanzar las 8.220 altas en el año 2020, si bien en la valoración económica "no se contempla el posible reconocimiento de pensiones que fueron denegadas entre 1998 y 2013".

De esta manera, el coste para la Seguridad Social de las nuevas altas en pensiones --sin tener en cuenta los complementos a mínimos-- ascenderá a 1,27 millones en 2014, a 4,73 millones en 2015 y a 10,72 millones en 2016, llegando a los 70,94 millones en el año 2020.

COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

En cuanto a los complementos para las pensiones que no lleguen a la cuantía mínima y que se reconocerán "con las mismas condiciones de renta individual y de cuantía que las pensiones contributivas", elevan las cuantías a 3,30 millones el próximo año, 12,32 millones en el ejercicio 2015, 27,91 millones en 2016 y hasta los 184,74 millones en el año 2020.

"El coste total de la nueva regulación de la jubilación para trabajadores con contrato a tiempo parcial ascendería en total a 4,56 millones en 2014 y a 255,68 millones en 2020. En cualquier caso, se debe destacar que las nuevas pensiones se corresponden con coeficientes de parcialidad muy reducidos, por lo que generarían pensiones inferiores a la cuantía mínima", se precisa en la memoria.

Esto conlleva que muchos de estos pensionistas "estarían en condiciones de solicitar una Prestación no Contributiva (PNC) con la legislación anterior, de manera que será el sistema de Seguridad Social el que asumirá el pago de unas cantidades que antes no soportaba y cubrirá con la pensión, al menos en parte, las cantidades que anteriormente se abonaban por PNC", situación similar a la que afectará a los preceptores de mínimo con cónyuge a cargo o en los supuestos de concurrencia de pensiones.

Así, el coste neto a cargo del Estado es un 22,73% inferior al coste de mínimos. De esta manera, el gasto neto total del proyecto del real decreto será de 3,81 millones el año próximo, de 14,26 millones en 2015, de 32,28 millones en 2016 y de 213,71 millones en 2020.

BENEFICIARIOS DE LA MEDIDA

Por otra parte, la memoria analiza el número de beneficiarios potenciales de estos cambios legislativos, que se derivan de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 14 de marzo declarando la nulidad de la regulación vigente hasta el momento para los contratos a tiempo parcial al considerarla contraria al principio de igualdad recogido en la Carta Magna.

Según el Gobierno, las medidas del decreto ley alcanzarán a un colectivo de 2,5 millones de personas --incluyendo los fijos-discontinuos a tiempo completo--, mayoritariamente mujeres que trabajan en el sector servicios. "Previsiblemente este dato será creciente en el tiempo y también existirá una adaptación de los contratos a la nueva normativa sobre pensiones", añade.

En la memoria se incorporan datos más detallados extraídos de la Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Empleo, que constata que el 20% de los trabajadores por cuenta ajena tienen un contrato a tiempo parcial. Este tipo de situaciones han crecido desde los 2,3 millones de 2008 a los 2,5 millones de finales de 2012, y ello a pesar del aumento del paro en dicho periodo.

Además, el 59,5% de los contratos parciales son indefinidos y el 70,8% corresponden a mujeres, colectivo en el que casi una de cada tres trabajadoras están sujetas a este formato laboral frente al 10,6% de hombres. Finalmente, se pone de manifiesto que la mayor parte de la contratación a tiempo parcial se produce en empresas con hasta diez empleados (33,7%), frente al 24,60% de media que hay en compañías de más de 250 efectivos. Por sectores, el 90,2% de estos contratos están en los servicios.

NUEVA METODOLOGÍA

El nuevo sistema de cómputo de las cotizaciones a tiempo parcial permitirá acceder a pensiones contributivas y subsidios (que no han sido contabilizados en el cálculo sobre el coste de la medida) sin tener que acreditar un mínimo de 15 años cotizados y fijando el periodo exigido en función de aplicar al periodo de alta el coeficiente de parcialidad correspondiente según el porcentaje de jornada que realice el trabajador en relación con la jornada completa. Si se alcanzan los 15 años no se tendrá en cuenta el porcentaje sino que será suficiente para acceder a la pensión.

Asimismo, las cuantías de las pensiones en estos casos serán proporcionalmente inferiores a las del tiempo completo, aunque el Gobierno garantiza la misma pensión mínima (631,30 euros a jubilándose a los 65 años) que al resto de trabajadores y se prevé también aplicar complementos a mínimos si no se alcanza esta cifra cuando se cumplan los requisitos generales y siempre que no se supere la pensión no contributiva.

También se introduce un coeficiente del 1,5 a multiplicar por los años cotizados para mejorar la cantidad final de la pensión. De este modo, a la base reguladora por 15 años de cotización se le aplicará un 50% y, a partir de ahí, todo el tiempo que lo supere se incrementará ese porcentaje en función de la escala general de la jubilación ordinaria prevista en la Ley General de la Seguridad Social.

No obstante, como habrá trabajadores que accederán a la jubilación con menos de esos tres lustros cotizados, el porcentaje aplicable en esos casos será proporcional y equivalente al porcentaje de la jornada realizada en relación con la jornada de tiempo completo.

El decreto ley, que ha sido acordado con los agentes sociales y los partidos políticos en el seno del Pacto de Toledo, contempla que el periodo de cotización computable mínimo exigido se ajustará al 'coeficiente de parcialidad' que acrediten a lo largo de toda la vida laboral estos trabajadores y que figurará en el Fichero General de Afiliación.

"La nueva regulación únicamente modifica el cálculo del periodo de carencia para tener derecho a las prestaciones de Seguridad Social, ampliando el número de trabajadores que accederán a ellas", subraya el Ministerio de Empleo.

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