Esta ruptura redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por abogados colegiados. Provocará además la falta de seguridad jurídica y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los asesores jurídicos, que carecerán de la garantía que ofrece la exigencia formativa de los abogados y su incorporación a un Colegios de Abogados, que controla la aplicación de las normas deontológicas y profesionales. La ruptura de la profesión provocará que los asesores, profesionales no colegiados, carezcan de las garantías de una institución que les respalde: el Colegio de Abogados.
El Consejo General de la Abogacía Española censura la falta de interlocución real entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que introduce confusión en numerosos problemas, crea problemas que no existían, instaura el poder de intervención de la Administración central, invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio de épocas pasadas.
La Abogacía apuesta por la transparencia, muestra su voluntad de avanzar en una reforma de los Colegios y Servicios Profesionales que mejore su cercanía a la sociedad y garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero denuncia que no ha habido hasta ahora una interlocución real y efectiva en la elaboración de este anteproyecto y reclama diálogo y negociación antes de la aprobación la Ley de Colegios y Servicios Profesionales.
