MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
En febrero de 2012, el Juzgado Central de Instrucción número 3 archivó la causa contra la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42 al entender que no cabía atribuirles "una acción concreta omitida, intencional o imprudente relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral". La decisión fue confirmada tres meses más tarde por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los familiares han recurrido ahora al tribunal de Estrasburgo al entender que la no continuación de este procedimiento vulnera varios preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente los que regulan el derecho a la vida, al juez natural predeterminado por la Ley, a un proceso equitativo, al que su causa sea oída en un plazo razonable.
Según el recurso presentado por las familias el instructor del caso, el actual presidente de lo Penal de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, hurtó a posibilidad de juicio oral y concucó "las atribuciones de un juez de instrucción" al culminar su investigación "con una valoración jurídica sobre el fondo extralimitándose en sus competencias e impidiendo la celebración de juicio oral como el que se tuvo por la no identificación de 30 de los fallecidos".
En un comunicado remitido este lunes, las familias señalan también que "diez años de instrucción con dos Autos de la sala de lo Penal insistiendo en la gravedad de los hechos y de la opinión del Ministerio Fiscal en el mismo sentido frente a una instrucción pasiva, carente de impulso y contumaz en el archivo deviene en justicia injusta, la tardanza también conculca la denominada tutela judicial efectiva".
RECLAMAN COMPENSACIÓN
Añaden que "la falta de protección del derecho a la vida y el deficiente funcionamiento de los juzgados que intervinieron extralimitándose en sus funciones provoca que el Reino de España seba ser tributario de compensar a los familiares por no haberles dado el acogimiento que el Estado de Derecho proclama".
El juez imputaba indiciariamente 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.
También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
Tras señalar que ninguno de ellos "hubiese podido evitar el resultado" del vuelo siniestrado, el juez concluyó que la causa del accidente no fue la adjudicación de esta operación a Namsa, su posterior subcontratación al broker Chapman Freeborn, "avalado por 30 años de experiencia en la aviación y en concreto en servicios en la zona", ni la atribución del vuelo a la compañía ucraniana UM Air, propietaria del aparato.
