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La hora de la verdad; por Elisa de la Nuez, abogada del Estado

02/08/2013
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El día 2 de agosto de 2013, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Elisa de la Nuez, en el cual la autora opina que la clase política sigue intentando que confundamos la responsabilidad judicial con la política.

LA HORA DE LA VERDAD

Ayer tuvo lugar por fin la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, comparecencia que podemos calificar como una de las más importantes en la historia de nuestra democracia. Se trataba de que Rajoy diese explicaciones creíbles y convincentes sobre el casoBárcenas para detener la hemorragia de credibilidad y de desprestigio del partido del Gobierno y de su presidente en particular. Conviene destacar que esta situación ha sido provocada en parte por su falta de disponibilidad para dar explicaciones fuera de los sitios donde nadie tenía intención de pedirlas, como los órganos internos del Partido Popular, o por los reiterados intentos de evitar preguntas incómodas en ruedas de prensa mediante trucos poco presentables. Tampoco han ayudado las teorías conspiranoicas difundidas por algunos destacados miembros de su guardiapretoriana, dirigidas contra este periódico, contra los partidos de la oposición o contra cualquiera que osara dudar de la verdad oficial. En definitiva, a Rajoy le ha costado mucho dar explicaciones sobre el casoBárcenas y su silencio y evasivas durante los días transcurridos desde que el ex tesorero decidió “tirar de la manta” y denunciar la contabilidad B y la financiación irregular del PP (con sobresueldos para sus principales dirigentes incluidos) pesaban ya como una losa antes de su declaración de ayer.

¿Qué pasó ayer? Distingamos la forma del fondo. En la forma el presidente estuvo dialécticamente bien, por encima del bien y del mal. No tuvo tampoco empacho en identificarse a sí mismo y a su Gobierno con España, a la manera tan cara a los nacionalistas, ligando la estabilidad e imagen de España a la estabilidad e imagen de su Gobierno, que a su vez (como en el juego de las muñecas rusas) no es sino la estabilidad e imagen del PP y de su líder.

Con respecto al fondo, Rajoy sustituyó las explicaciones racionales sobre la financiación del partido y el tesorero del PP en estos últimos 20 años por un relato poco verosímil de sus relaciones personales con Bárcenas, defendiendo en sede parlamentaria la llamada teoría del fusible. Según esta tesis, el único que debe de fundirse y responder -judicial y políticamente- en una situación de financiación irregular en un partido ligada a la concesión de contratos o favores políticos es su tesorero. Dado que los órganos internos y los dirigentes del partido no suelen aprobar formalmente la contabilidad y no existen las auditorías, es difícil probar que alguien más tuviera conocimiento de las posibles irregularidades. Aunque todavía es más difícil creer que un tesorero puede montar él solo una trama de financiación irregular en su partido a cambio de contratos o favores públicos durante más de 20 años, enriqueciéndose de paso de forma harto sospechosa sin que nadie se entere, especialmente sus jefes, incluso los que cobraban sobresueldos. En ese sentido van también las declaraciones de Rajoy sobre la citación como testigos por parte del juez Ruz de los secretarios generales de su partido defendiendo que “no tenían por qué estar encima de las cuentas”.

Por lo que dice Rajoy en el PP nadie estaba encima del tesorero, y eso que la financiación (en A) del partido era muy relevante. En consecuencia, dado que en el mundo no existe ninguna entidad mercantil o no mercantil (fuera de los partidos españoles) en la que la gestión económica y la contabilidad se delegue totalmente en una única persona, podemos presumir que, cuanto tal cosa ocurre, existe una clara voluntad de permitir una financiación no ortodoxa, por decirlo de manera prudente.

De acuerdo con el relato oficial, todo el problema se reduce a una relación de confianza entre presidente del partido y tesorero, ya que no hay nada parecido a una relación orgánica o profesional entre ambos. Esta versión tiene la ventaja de que justifica la relación de amistad existente. Así, como el presidente del Gobierno parece haberse dado cuenta de que ya no le basta con invocar la fe en su persona y en su palabra frente a las revelaciones del “delincuente” Bárcenas, ha decidido reconocer la equivocación de haber elegido y mantenido a una persona indigna como responsable de las cuentas. Equivocación que, por otra parte, no tiene consecuencia práctica alguna. También ha reconocido el cobro de sobresueldos o complementos -que considera no solo justificados sino práctica habitual-, con o sin Ley de Incompatibilidades de por medio. De nuevo, no hay ninguna consecuencia.

Aún así se ve que le ha pesado tanto reconocer este error, sobre todo tras los desmentidos y el silencio de estos últimos meses, que no ha podido evitar la tentación de atribuir su magnánimo proceder con el ex tesorero no a la posibilidad de un chantaje (como algún ciudadano desconfiado podría pensar) sino a su respeto por la presunción de inocencia y a las ganas de ayudar a sus colaboradores. Proceder que se resume en la estrategia procesal del PP en el caso (comportándose más como abogado defensor que como acusación particular hasta que el juez Ruz les echó del proceso), en el pago de las minutas de sus abogados que justamente se retiran del caso cuando decide tirar de la manta, en los sueldos espléndidos, reconocimiento de indemnizaciones “en diferido”, tratamiento VIP para evitar el paseíllo a la esposa imputada, mantenimiento del coche y despacho oficial hasta hace nada y que termina con los impresentables SMS de apoyo del tipo “sé fuerte Luis”. Mensajes cuya existencia se intentó vender a la opinión pública como una prueba de que no se había manipulado a jueces y fiscales y de que el Estado de Derecho (identificado con Rajoy) no admitía chantajes, demostrando, una vez más, el escaso respeto a la inteligencia de los ciudadanos que tiene nuestra clase política.

En definitiva, el presidente del Gobierno ha elegido construir un relato poco verosímil en el que toda la responsabilidad recae sobre el tesorero infiel en el que ni siquiera los tiempos cuadran. Se presenta ante la opinión pública como alguien sorprendido en su buena fe, víctima de una traición personal de manera que queda exonerado no ya de responsabilidades penales -eso lo decidirá el juez en su momento- sino de las responsabilidades políticas correspondientes.

¿Y las contestaciones a las 20 preguntas de Rosa Díez que arrojarían un poco más de luz sobre el caso? Pues éstas no se han dado, porque no era posible sin asumir inmediatamente la responsabilidad política correspondiente, en forma de dimisión y/o cese de dirigentes del partido con responsabilidades en la etapa de Bárcenas. Se ve que nadie se ha ofrecido como chivo expiatorio. Algo bastante lógico, dado que cuesta imaginar que estos hechos hayan sucedido sin que bastantes dirigentes del partido los hayan conocido y/o consentido. En todo caso, era su obligación enterarse de donde procedían los fondos que tan alegremente se gastaban. En resumen, parece que por ahora no hay más palo que aguante su vela que el del ex tesorero. Quizá porque seguimos confundiendo responsabilidad judicial y penal con responsabilidad política.

PORQUE SI algo deja claro la comparecencia de ayer es que la clase política española, con el presidente al frente, sigue empeñada en su interesado intento de confundir responsabilidad jurídica -particularmente la penal- con responsabilidad política. Interesado porque si tienen suerte (y la suelen tener con los tribunales que les tocan como aforados), descartada la existencia de responsabilidad penal, pueden proclamar sin solución de continuidad la inexistencia de responsabilidad política. Seamos claros, este nivel de exigencia no es homologable con el de los países de la UE, y es propio de una democracia bananera. Comprendo que todavía sea pronto para exigir que un ministro dimita por copiar una tesis doctoral, pero de eso a que los ciudadanos españoles nos tengamos que dar con un canto en los dientes por no tener representantes que sean delincuentes va mucho trecho. Al contrario, los representantes deben de dar ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones, y no me refiero sólo a las legales sino también a las éticas. Incluidas las de decir la verdad a los ciudadanos.

Por eso son también interesadas las declaraciones de Rajoy hablando de falta de pruebas o de presunción de inocencia. Esto será relevante en el ámbito penal. Aquí hablamos de responder políticamente por la forma en que funcionaba la financiación del PP, ya sea por culpa directa o indirecta (in eligendo o in vigilando), por la forma lamentable en que se ha gestionado el asunto intentando taparlo, las obstrucciones procesales, la falta de transparencia, etc. En este ámbito no hay presunción de inocencia que valga frente a las deducciones lógicas y razonables que impone el sentido común de cualquier ciudadano informado.

Por ese motivo, la falta de asunción de responsabilidad política en un caso tan grave como éste produce efectos devastadores en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por eso las declaraciones de Rajoy sobre la estabilidad del país suenan tan huecas. No nos engañemos, la genuina estabilidad en una democracia es la que se deriva de comportamientos democráticos como decir la verdad en el Parlamento y asumir la correspondiente responsabilidad. Por el bien de España.

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