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  • EDICIÓN DE 22/07/2013
 
 

Afirma que la CCAA no puede "reducir" los niveles de protección

El TC desestima el conflicto de competencias de Canarias contra el catálogo nacional de especies protegidas

22/07/2013
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado desestimar el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)

Según el Gobierno de Canarias, el Estado había invadido competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente dado que el catálogo y el listado incluyen especies endémicas de Canarias o tienen en el archipiélago su único punto de distribución en el territorio nacional.

La representación legal del Gobierno canario entiende que el Estado ha traspasado el límite establecido por el artículo 149.1.23 de la CE que da "facultades" a las Comunidades Autónomas para establecer normas "adicionales" de protección, y por el artículo 32.12 del Estatuto de Autonomía, que dicta que a la Comunidad Autónoma le corresponde el desarrollo legislativo de la protección del medio ambiente.

Por tanto, señala el TC en una nota, al Estado compete dictar las normas básicas para la regulación de distintas materias, entre ellas la protección del medio ambiente, y a las Comunidades Autónomas, su desarrollo, y la invasión de las competencias autonómicas se habría producido en la inclusión de especies endémicas de Canarias en el Listado y en el Catálogo.

La sentencia, hecha pública este viernes y de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Valdés-Dal Ré, reitera la jurisprudencia del Tribunal en el sentido de que "es posible, desde la perspectiva del orden constitucional de competencias, que la Administración General del Estado establezca un registro único para todo el territorio español que centralice los datos sobre el sector con la doble función complementaria de información propia y publicidad para los demás".

Y ello sin exceder del límite fijado por la Constitución cuando le atribuye la competencia para dictar la "legislación básica" en materia de medio ambiente.

La inclusión en ese registro único de especies propias de una determinada Comunidad Autónoma viene "justificada", entre otras circunstancias, precisamente por su "singularidad o rareza, lo que no es sino corolario de la definición de la diversidad biológica, apoyada en la variabilidad de los organismos vivos y de la evolución dinámica de los hábitats y las poblaciones".

Según la sentencia, del pasado 11 de julio, "todo ello pone de manifiesto que la singularidad de determinadas especies identificadas únicamente en el archipiélago canario en el momento de su inclusión en el Listado o el Catálogo no es motivo para excluir el ejercicio de la competencia estatal, teniendo además en cuenta que dicha singularidad es susceptible de variación por causas naturales o por las propias medidas adoptadas para su protección".

El Tribunal concluye que el Real Decreto impugnado "reúne los requisitos formales para ser considerado norma básica, cumple desde la perspectiva material en el ámbito de la protección del medio ambiente una función de ordenación mediante mínimos y puede permitir a las Comunidades Autónomas establecer niveles de protección más altos, pero nunca reducirlos".

LEGISLACIÓN BÁSICA

En esa línea, sostiene, que "el régimen de conservación de las especies incluidas en el Listado y el Catálogo regulados en el mismo atiende, en definitiva, a la finalidad perseguida por la legislación básica de preservar la diversidad biológica".

La sentencia recuerda también que, según doctrina reiterada del TC, cuando esa normativa estatal básica entra en contradicción con disposiciones autonómicas anteriores, son éstas las que deben acomodarse a aquélla.

"No puede pretenderse que el previo ejercicio de una competencia autonómica en una materia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma impida o limite al Estado el pleno ejercicio de sus competencias", explica.

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