MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La intención es abordar este viernes la nueva reforma en su conjunto, lo que incluye toda la normativa elaborada para su puesta en marcha, esto es, un real decreto ley de estabilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y varios reales decretos.
La reforma tiene como objetivo aplacar el déficit de tarifa estructural de 4.000 millones de euros que cada año genera el sistema eléctrico. En términos acumulados, el déficit de tarifa suma ya 26.000 millones y se ha convertido en un problema que amenaza con desbordar el ámbito eléctrico.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció el miércoles un acuerdo con Hacienda acerca de la parte de los costes de la tarifa eléctrica que podrán asumir las cuentas públicas, si bien el departamento dirigido por Cristóbal Montoro replicó poco después que "no ha cerrado un acuerdo para asumir en el Presupuesto costes de la reforma energética."
Industria ha insistido en que la solución al desajuste en el sistema eléctrico debe ser compartida por consumidores, operadores y por la Administración, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Al margen de la reforma energética, el Ministerio de Industria ha elaborado las previsiones de costes regulados e ingresos de la tarifa de 2013 con la premisa de que el sistema recibirá un préstamo público extraordinario de 2.200 millones, ya aprobado por el Congreso, y de que los PGE de 2014 asumirá los cerca de 1.800 millones de sobrecostes de la actividad extrapeninsular.
Para que se cumpla esta previsión, Hacienda deberá incluir este coste en los Presupuestos que presente tras el verano, al tiempo que, para que encaje la reforma energética conforme a los principios adelantados por Industria, deberá también asumir el compromiso de que, en el futuro, las cuentas públicas también asuman costes del sistema.
Frente al crédito de 2.200 millones para este año, que es de carácter "extraordinario", la partida de sobrecostes extrapeninsulares debe ser asumida por ley por los PGE, conforme a una norma aprobada por el anterior Gobierno socialista, en la que se contemplaba un traspaso escalonado de este coste a la tarifa.
No obstante, desde su llegada al poder el Gobierno de Mariano Rajoy no ha cargado todavía sobre ninguno de sus PGE estos sobrecostes correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a pesar de que en 2012 Industria había calculado los peajes de la tarifa eléctrica con esa premisa.
