POR LA DEMOCRACIA SIN LA DEMOCRACIA
El golpe de Estado en Egipto para derrocar a un gobierno elegido democráticamente pone en grave riesgo de guerra civil a un país crucial para la estabilidad del Norte de África y Oriente Medio. Mursi llegó al poder hace un año con una mayoría absoluta. La Hermandad Musulmana ganó las elecciones porque en sus años de clandestinidad se habían infiltrado por toda la sociedad egipcia. Su sistema de ayuda social y las persecuciones sufridas les hicieron ganar millones de adeptos; eran la única fuerza social estructurada. Por el contrario, la oposición a Mubarak estaba desorganizada y ni tan siquiera tuvo un candidato para enfrentarse a Mursi, cuyo contrincante fue el exprimer ministro de Mubarak. La Hermandad y los salafistas se sirvieron de la democracia para acceder al poder y destruirla desde dentro. No respetaron los valores y contenidos de la democracia inclusiva: no hay cámara baja del Parlamento, se negaron al diálogo con la oposición, violaron de forma grave los derechos y libertades de las personas y de los grupos, eliminaron el Estado de Derecho, no respetaron la independencia del poder judicial e impusieron su extremismo religioso a la sociedad egipcia. La pésima gestión económica les llevó al colapso, dependiendo de la ayuda y del crédito internacional.
Cuando todo esto sucedía y se sabía, la UE no puso condiciones ni incentivos ni trató de enderezar el descarrilamiento de la democracia egipcia. Tuvo capacidad para influir con la oferta de un crédito de 5.000 millones de euros y otras ayudas, pero no voluntad de encauzar a la tambaleante democracia egipcia. Mursi tenía legitimidad de origen pero, seguramente, no de ejercicio. Estas graves deficiencias, si no se logran rectificar con el diálogo, la libertad de palabra y manifestación y la presión internacional, sólo se pueden corregir en las urnas. ¿Pero apartarlos del poder por la fuerza del Ejército? Cada vez que en Egipto se ocupe la calle de forma estridente y persistente, ¿el Ejército será el árbitro de los conflictos sociales y políticos? La única virtud de las recientes protestas ha sido unir a toda la sociedad no islamista. Lo sucedido en Egipto se ha vivido ya en otras partes: un partido llega al poder sirviéndose de la democracia y después la asfixia. Siempre se plantea la duda moral sobre la legitimidad del derrocamiento de quienes de facto se trasforman en sistemas dictatoriales (la Alemania de Hitler) o autocráticos (Venezuela). La clásica doctrina de la Iglesia, o de la Escuela Española de Derecho Internacional (Francisco de Vitoria) o constituciones (Francia) reconocen el derecho de los pueblos a luchar contra la opresión y la tiranía. Es un derecho inherente y negarlo sería ahistórico. En bastantes momentos de la Historia han sido decisivos para los cambios de la Humanidad. Y algunos golpes de Estado se recibieron con regocijo y claveles (Portugal, 1974).
Pero el golpe de Estado en Egipto se puede volver contra los incipientes procesos democráticos árabes y contra la Carta sobre la democracia, elecciones y buen gobierno de la Unión Africana de 2007 (que Egipto no firmó). Ha sido coherente con sus normas regionales suspender la membresía de Egipto. Los golpes de Estado (mediantes revueltas populares e intervenciones militares) no son ilegales en el orden internacional. Ni hay que reconocer o no reconocer a los nuevos gobernantes; basta con mantener a los representantes diplomáticos.
Las nuevas autoridades han prometido elecciones. Pero sin fecha. ¿Pondrán condiciones, o eliminarán del proceso electoral a los oponentes islamistas? A su vez, si los golpistas “buenos” creen que se puede llegar al poder prescindiendo de la mitad islamista de la población y de sus partidos, carecerán de legitimidad de origen, habrán negado el pluralismo y con ello el carácter competitivo de la democracia. No serán demócratas ni de origen ni de ejercicio. Esa división en la sociedad egipcia debe tenerse en cuenta para gestionar la difícil solución a la ruptura de la legitimidad democrática. Los actores de la crisis (islamistas, oposición no islamista y Ejército) tienen la obligación de evitar la guerra civil y minimizar los daños causados emprendiendo un diálogo que recomponga la senda democrática a fin de redactar una constitución con reglas de juego aceptables para todos sin sectarismos religiosos; después, elecciones democráticas limpias. La ayuda para las reformas imprescindibles del Estado y la reconciliación es lo mejor que sabe hacer la UE.
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