PALMA DE MALLORCA, 3 (EUROPA PRESS)
Durante una tajante intervención en la recta final de la vista oral, que en las últimas semanas ha juzgado la venta presuntamente irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge por parte del Consell a la promotora Sacresa, Carrau ha aseverado que "nos encontramos ante delitos de corrupción y no económicos" debido a que han supuesto "una traición y una deslealtad" a las instituciones y a los ciudadanos, además de haber quebrantado la confianza depositada por éstos en su gestión.
El representante del Ministerio Público ha justificado asimismo la importancia de llegar a acuerdos con los acusados, aseverando cómo la Fiscalía "conoce de sobra" la jurisprudencia del Tribunal Supremo para valorar la prueba relativa a la confesión de estos coimputados.
En este sentido, aludiendo a numerosa doctrina al respecto, Carrau ha recalcado que la confesión de los hechos por parte de los inculpados, como en este caso el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja, "es una prueba legítima" y ha recalcado que pactar con ellos "es una demostración de la fortaleza del Estado".
De hecho, ha apuntado al carácter internacional de los mecanismos "para luchar cuando más de tres personas se ponen de acuerdo para delinquir" y, para reforzar la validez de las confesiones, ha recordado cómo el juez italiano Giovanni Falcone ya abogó por "incentivar" este tipo de acuerdos, negando entonces que no supone una señal de rendición del Estado, sino todo lo contrario, significa que "el Estado funciona y que a los delincuentes les es más rentable asociarse y reconocer la fuerza del Estado".
En esta misma línea, ha apelado a la afirmación que quien ordenó el asesinato de Falcone, Toto Riina, quien por su parte dijo que el problema radica en la figura del arrepentido, ya que "si no fuera por ellos ni siquiera el mundo entero unido podría tocarnos".
En concreto, el Ministerio Público mantiene la petición de seis años de cárcel para la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM), mientras que ha rebajado de seis a cuatro años su solicitud para el exvicepresidente insular Miquel Nadal pese a que no ha reconocido para él la atenuante de confesión. Una circunstancia que sí pide que sea aplicada en el caso de Vicens y de Sanahúja.
Así, el fiscal ha rebajado de seis años a ocho meses de prisión su petición para Vicens y a un año para el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, mientras que ha reducido la solicitud de prisión de dos años a un año para Sanahúja, al tiempo que mantiene la inicial de 18 meses para el letrado externo de Sacresa, Santiago Fiol.
En lo que a Núñez y Navarro se refiere, querellante y acusación particular en este proceso, ha retirado el delito de malversación de caudales públicos del que acusaba a los inculpados en el marco de esta causa.
