LA CORONA DE ESPAÑA
Recientes actuaciones procesales relativas a personas vinculadas a la Real Familia han desencadenado en algunos ámbitos una reflexión que alcanza a la Corona misma, su significación y permanencia. En algunos contextos se detecta incluso cierta impugnación de la legitimidad de la Monarquía, o bien la reformulación de las expectativas de permanencia en la actual titularidad de la Jefatura del Estado. Es comprensible que la investigación de determinadas conductas como las expresadas siembre la perplejidad, incluso en personas proclives por principio a sostener la actual Monarquía parlamentaria. En este sentido, y al tiempo que se recuerda la necesidad de ponderación y serenidad en relación con estas cuestiones, debe destacarse que la Corona es símbolo de España y garantía de su permanencia histórica, y es la gran opción institucional de todos los españoles, concebida para abrir la modernidad desde la Tradición. La Corona no sólo cumple determinadas funciones (artículo 62 de la Constitución), como lo hace cualquier institución, sino que posee lo que la Carta Magna llama “autoridad” (artículo 59.2), una autoridad que deriva de una legitimidad consagrada por la Historia. Los españoles de todas las nacionalidades y regiones ejercieron en 1978 su derecho a la autodeterminación como pueblo y como Nación, y se inclinaron por establecer que la Jefatura del Estado estuviera al margen del debate político, y que dicha posición fuera ocupada por el actual Rey y sus sucesores. Un Rey para representar mejor que nadie la unidad de España y promulgar las leyes, pero sobre todo para ser el referente ético de los españoles y el más respetado de los embajadores. Un Rey cuya persona es inviolable (artículo 56.3), no para asegurar su impunidad desde una posición de privilegio, sino porque los españoles no han considerado procedente que su Rey fuera acusado y juzgado, dada la soberanía que él encarna. Una particularidad única, que podría complementarse con una modificación de la legislación, para declarar competente al Tribunal Supremo para juzgar a la Reina y los hijos del Rey, por la misma razón que se estableció dicha especialidad respecto de los magistrados de dicho Alto Tribunal o los ministros del Gobierno. Una Monarquía parlamentaria que, asumiendo los logros históricos de la democracia, complemente dicha forma de gobierno con una mayor estabilidad en la cúpula institucional, confiriendo al sistema político una mayor fortaleza frente a la deslegitimación, situando las relaciones internacionales a una altura difícilmente alcanzable por mandatarios pendientes de la renovación o el cese, y transmitiendo a la Nación una seguridad que justifica la confianza que la misma ha depositado en la Corona. Una Corona que ha de ser plenamente transparente sin perder la libertad de distribuir su presupuesto (artículo 65), una libertad que deriva de su posición referencial frente a todos los poderes sin depender de ninguno de ellos, sin perjuicio del obligado cumplimiento de la Ley, que no equivale al control parlamentario tal como éste se ejerce sobre el Gobierno. Una Corona que debería ser actualizada en algunos aspectos como el de la equiparación del varón y la mujer en los derechos sucesorios (artículo 57.1). Una Corona vinculada al pueblo y cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, lo que convierte a la Real Familia española en la más antigua de Europa. La madurez política de los españoles, el recuerdo de años de confrontaciones, la conciencia de su propia dignidad como pueblo y de la misión de ser forjadores de paz y portadores de cultura que la Historia les ha confiado, sin duda permitirán que España conserve y consolide su Monarquía, protegiéndola como el Preámbulo de la Constitución espera que se haga con las mejores tradiciones. Una Corona que sigue constituyendo la mejor opción, puesto que un cambio de régimen jamás sería más conveniente para los intereses de España. Es difícil suponer que en las actuales circunstancias un presidente de la República pudiera asumir con mayor eficacia la misión de garantizar la unidad de España, la mayor altura de sus relaciones internacionales o la más fluida relación con el Consejo de Ministros. Los españoles adoptaron una Constitución mejorable pero digna y razonable, una Ley fundamental que no parece que, en cuanto a la forma de gobierno, deba ser reformada.
