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Por el caso "Voltor-Inestur"

El fiscal pide al TS confirmar la condena de 3 años de cárcel para un exconsejero balear de Unión Mallorquina

07/06/2013
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Dice que es el inductor por ser el "único" imputado que conocía al exalcalde de Sóller, a quien otorgó 15.000 euros de fondos públicos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El fiscal Carmelo Quintana ha pedido este jueves al Tribunal Supremo que confirme la condena de tres años de prisión que la Audiencia Provincial de Palma impuso al exconsejero de Turismo de Unión Mallorquina (UM) por la comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, en el marco de la pieza 4 del 'caso Voltor-Inestur'.

Según recoge la sentencia en los hechos probados, Buils compensó y favoreció económicamente con la entrega de 15.000 euros en dos pagos, procedentes de fondos públicos al exalcalde de Sóller Antonio Arbona, miembro de su mismo partido, y sin justificar ese pago. Así, Buils simuló la contratación de Arbona a través del Instituto de Estrategia Turística (INESTUR) bajo el argumento de que el Arbona había realizado labores de asesoramiento.

En la vista pública celebrada esta mañana ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Quintana ha dicho que, a su juicio, la sentencia se ajusta a derecho "en todos sus términos" por lo que ha pedido la desestimación del recurso de casación interpuesto por la defensa de Buils.

El fiscal ha afirmado que el contrato suscrito por dichos servicios fue un "pretexto" y ha puesto de manifiesto que el exconsejero de Turismo fue el inductor porque era el "único" de los cuatro imputados que tenía relación con Arbona, quien finalmente devolvió las "cantidades" que se le habían otorgado.

Para el representante del Ministerio Público, Buils fue quien "puso en marcha" el mecanismo para que fuera beneficiado Arbona, pues él era "la autoridad máxima", así como el "máximo responsable" de los hechos, por lo que ha agregado que, a su juicio, la sentencia condenatoria está "plenamente justificada".

De igual modo, ha sostenido que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que la administración debe justificar por qué no es capaz de realizar un servicio concreto por sí misma, lo cual, según ha añadido, se "obvió" en el expediente de dicho contrato.

BUILS, LA PIEZA QUE SIRVE DE ENCAJE

En esta línea, ha señalado que la comisión de los hechos ha quedado acreditada por la prueba documental y las declaraciones de los co-imputados, porque "el particular" llevó a cabo la devolución de la cuantía económica. "La única pieza que sirve de encaje es la del consejero Buils", ha sentenciado.

Por otra parte, el Ministerio Fiscal ha pedido también mantener la pena impuesta para el exgerente del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y exconcejal de Alaró Antonio Rebassa, a quien el tribunal condenó a las penas de 4 años y 6 meses para el delito de malversación, y para el delito de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de 8 años y 6 meses.

Respecto de Rebassa, Quintana ha indicado que "no negó los hechos", sino que declaró que había "obedecido órdenes". Para el fiscal, puede que Rebassa "no conociese los motivos últimos" de Buils, pero sí que se trataba de una conducta delictiva, pues, a su juicio, era conocedor "desde el principio" del entramado dirigido por el exconsejero de Turismo. "Hay pruebas suficientes", ha remachado.

Por su parte, la acusación particular que encabeza la Abogacía del Gobierno de las Islas Baleares ha recordado que lo que se declara probado en la sentencia es a través de las "confesiones" de otros dos imputados y ha agregado que "todos" han reconocido que el contrato se hizo para "pagarle favores" a Arbona. Así, ha señalado que "saber y no hacer nada" es lo que sitúa a Rebassa en "posición de garante".

Por último, las defensas de los dos recurrentes han pedido la libre absolución de sus defendidos. Así, el abogado de Buils ha indicado que cuando se efectuó el segundo pago el exconsejero ya había dejado su cargo y el de Rebassa ha argumentado que su cliente no tenía por qué conocer que el trabajo era "falso" y ficticio".

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