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Conflicto territorial, políticos y juristas, Por Josep M. Vallès, catedrático emérito de Ciencia Política (UAB).

03/06/2013
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El día 3 de junio se ha publicado en el diario El País un artículo de Josep M. Vallès, en el cual el autor opina que en el escenario político es patente el enquistamiento de posiciones.

Por qué persiste el desacuerdo sobre la articulación territorial en España? Hay quien lo achaca al empeño de los partidos nacionalistas de la periferia por enmascarar las dificultades de sus Gobiernos y proteger intereses de grupo o de clase. En otro momento pudo atribuirse al planteamiento táctico de un PP en la oposición que intentaba desgastar a toda costa a los Gobiernos del PSOE. De todo hay. Pero me parecen insuficientes las explicaciones que se ciñen únicamente a las maniobras de las élites -tengan orientación centralista o la contraria- e ignoran la discrepancia amplia de opiniones sobre la cuestión expresadas por la sociedad española. Hay que hallar la fórmula adecuada para celebrar un referendo consultivo

Examinemos los datos disponibles, con particular atención al caso de Cataluña porque es hoy el que parece suscitar mayor preocupación. Según el tercer barómetro autonómico del CIS (2012), el 37% de los españoles se pronuncia por reducir el autogobierno de las comunidades autónomas, mientras que solo lo desea el 13% de los catalanes. En contraste con este dato, están por aumentar dicho autogobierno el 65% de los catalanes frente al 22% del conjunto de los españoles. Cuando la pregunta se refiere al grado de autogobierno deseado para la propia comunidad autónoma, los partidarios de aumentarlo son el 69% en Cataluña frente al 29% para el conjunto de España. Cuando se examina la posición de la opinión en cada una de las comunidades autónomas, solo en tres ellas de ellas -Cataluña, el País Vasco y Navarra- se considera que la descentralización del Estado es insuficiente y se aspira a aumentarla: en las 14 restantes, la preferencia se inclina por considerar que la descentralización estatal ha ido demasiado lejos y sería conveniente corregirla en sentido centralizador.

El contraste es todavía más llamativo cuando se observan los datos recogidos en la Comunidad Autónoma de Madrid. El 56% de los madrileños desea limitar la actual descentralización estatal frente a un 11% que opina lo contrario. Y por lo que hace al autogobierno preferido para su propia comunidad el resultado es también contundente: el 41% de los madrileños preferiría recortar el Gobierno de su comunidad frente a un escueto 12% que quisiera ampliarlo.

tante magnitud demográfica y económica? En ella tienen su principal centro de actuación no solo las cúpulas políticas y administrativas del Estado. También los dirigentes del capitalismo financiero, de las grandes utilities privatizadas durante la gran “desamortización” del siglo XX, de las empresas de actividades reguladas o contratistas del Estado, de los grupos mediáticos más importantes.

Pero, al mismo tiempo, en Madrid radica una buena parte del mundo académico e intelectual, de alta creatividad científica, cultural y artística. Sin olvidar que en Madrid ha aparecido una experiencia ciudadana estimulante como ha sido la del 15-M. Por todo ello, merece la pena prestar atención a las tendencias de su opinión sobre cualquier fenómeno de interés político y, en este caso, sobre la cuestión territorial.

En todo ello hay dinámicas de fondo y no circunstanciales que auguran perspectivas poco favorables para que a corto o medio plazo se produzca sin más una aproximación de tendencias. Es cierto que concurren también otros factores en la gestión de un conflicto de esta clase: cuenta la posición de actores económicos y sociales, de creadores de opinión publicada, de los poderes transnacionales con intereses económicos y estratégicos en España, de organizaciones culturales y colectivos ciudadanos. Pero en rigor democrático la opinión pública seguirá pesando en el intento de dar una salida aceptable al contencioso.

Por desgracia, en el escenario político es patente el enquistamiento de posiciones que parecen jugar a una versión autóctona del chicken game. Es decir, la expectativa de que será el adversario quien ceda primero porque no soportará la presión del enfrentamiento. Los costes de esta estrategia son muy elevados para todos. Por otra parte, no se vislumbran modelos de organización territorial alternativos que puedan conciliar por ahora apoyos suficientes para asegurar su viabilidad. No lo es, a mi juicio, una recentralización declarada con reforma constitucional incluida. Una recentralización solapada por la vía sectorial aumentará la conflictividad y enconará el enfrentamiento. Por su parte, poco practicable se presenta en estos momentos una federalización genuina del Estado. ¿Podría serlo el excéntrico modelo navarro, invisible al parecer para la celosa ortodoxia constitucionalista? Menos admisibles se vislumbran todavía una separación pactada o una separación unilateral.

¿Hay que instalarse, por tanto, en el inmovilismo y dejar que el tiempo pase asumiendo el riesgo de incrementar tensiones y frustraciones? Creo que no conviene a nadie y desgasta a todos. Por ello, es obligado considerar la utilidad de una consulta popular que aporte nuevos datos y oriente los pasos a seguir. Los resultados de dicha consulta -que me pareció en otro momento poco funcional- pueden dar pistas para explorar salidas a una situación insostenible y que comporta pesados costes para todos los actores. No ignoro que una convocatoria de este tipo puede generar a corto plazo más tensión. Pero hay que compararla con la tensión a soportar durante más años si no se realiza. El “coste de la no consulta” se me ofrece ahora como superior al de celebrarla.

Entiendo, pues, que es el momento de los buenos políticos y de los buenos juristas. A ellos corresponde dar con la fórmula pactada que permita un referéndum consultivo, ya sea en el conjunto del Estado, ya sea en el ámbito de la comunidad autónoma que lo proponga. Hay pruebas de que existe más de una receta jurídica aplicable, sea reformando la normativa del Estado en materia de referéndum, sea delegando en las comunidades autónomas algunas de las atribuciones estatales sobre el particular, sea amparándose en la normativa autonómica sobre el asunto.

De poco servirán, en cambio, los políticos de mirada corta y los leguleyos de lectura literal de los textos que intentan resistir dinámicas políticas de fondo mediante el inmovilismo jurídico. No se trata tampoco de dar satisfacción al deseo de “cerrar el modelo” de forma definitiva porque suena demasiado cercano al frustrado “atado y bien atado” de otra época y está condenado al mismo destino. En cambio, puede ser el momento de echar mano de un recurso nuevo que abra espacios de negociación para conseguir un arreglo capaz de disminuir los costes del actual punto muerto y facilitar un mejor manejo de diferencias inevitables. No por los siglos de los siglos, sino para un par de décadas. ¿Es ilusorio imaginarlo?

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