MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Así lo acuerda el tribunal, integrado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen González y Juan Francisco Martel, en un auto en el que recuerda que la última decisión corresponde al Gobierno español y que la resolución es susceptible de ser recurrida ante la Sala de lo Penal en el plazo de tres días.
Sobre Ilsa Haykin, de nacionalidad rusa y con tarjeta de extranjero emitida en Reino Unido, pesaba una orden de busca y captura dictada por la Fiscalía de Moscú por presuntos delitos de estafa y fraude contra un empresario, atentado a agentes de la autoridad, asalto a un edificio público utilizando la violencia y pertenencia a una organización criminal, que asaltó una granja de cría de animales más tarde transformada en una cooperativa de producción agrícola.
PAGÓ UNA FIANZA DE 500.000 EUROS
Ilsa Haykin, afincado en Marbella, fue detenido el 3 de octubre de 2012 y permaneció durante poco más de un mes en prisión provisional hasta que depositó una fianza por importe de 500.000 euros para obtener la libertad provisional.
Reino Unido se opuso a su entrega a Moscú al entender que ello podría violar su derecho a un juicio justo al ser instada por "motivos políticos". Haykin alegó la posible existencia de amenazas y torturas en caso de ser extraditado y que la petición de su país de origen obedecía a razones políticas tejidas en una "maraña engañosa".
El recurrente señaló que fue objeto de amenazas, coacciones y procedimientos fraudulentos mientras ostentaba el cargo de director de un banco en Rusia durante los años 2001, 2002 y 2003. Añadió que éstas provenían de "relevantes personajes" del país como el fiscal general del Estado Yuri Chaika, su hijo, miembros de la Federación Rusa e incluso involucró a agentes de los Servicios Secretos, la antigua KGB.
Sin embargo, la Audiencia Nacional argumenta que tal motivo no puede prosperar "bajo ningún concepto" pues se fundamenta en "alegatos y más alegatos huérfanos del más resquicio probatorio".
Además, subraya que los delitos imputados son ajenos a cualquier actividad de naturaleza política y que no han prescrito. "No existe disposición legal alguna, que determine que si se cuenta con una resolución dictada por un país miembro de la Unión Europea denegando la extradición de una persona, otro país miembro de la misma Unión se encuentra vinculado por tal resolución, de manera que, en virtud del principio de 'non bis in idem' y 'cosa juzgada', ha de rechazarse la entrega, sin entrar en otro tipo de consideraciones", concluye.
