ABC 26.05.13
Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949), catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, está considerado como el gran renovador del Derecho Público, Constitucional y Administrativo, en España. Muñoz Machado trabajó, en la época de Adolfo Suárez, desde la sala de máquinas de Presidencia del Gobierno, en los cambios jurídicos que precisaba el nuevo Estado democrático y descentralizado.
Es autor de más de treinta libros que abordan los problemas del Derecho Público, la Constitución, el Estado, la Comunidad Europea... Ahora trabajará como maquinista de la general del idioma jurídico en la Real Academia Española, junto a Eduardo García de Enterría, “maestro y amigo, con el que he compartido infinidad de proyectos”. Y recuerda a ilustres académicos juristas: Jovellanos, Martínez Marina, Ranz Romanillos, Javier de Burgos, Alejandro Oliván, Pacheco, Alcalá Galiano, etcétera.
Intelectual, escritor, biógrafo, ensayista, narrador, Muñoz Machado es ganadero del hierro Jaralta y se encierra hoy en la Academia, a las siete de la tarde, con el discurso “Los itinerarios de la libertad de palabra”.
-¿No le parece enrevesado el lenguaje de las leyes y los jueces? –
Todos los lenguajes técnicos son difíciles para las personas que no pertenecen a la comunidad de los especialistas. Suele decirse que los jueces y magistrados escriben sus resoluciones y sentencias en términos muy oscuros. No siempre es verdadera esta imputación. Pero quizá se pueda mejorar mucho la literatura judicial.
-¿La significación de las palabras es crucial para entender los mandatos del legislador o las decisiones de las sentencias? –
Los legisladores están obligados a utilizar las palabras más exactas para definir sus mandatos. Las leyes que no son claras no merecen la calificación de tales. El papel de los juristas es decisivo para concretar lo que las leyes quieren decir. En este trabajo se usa mucho el Diccionario de la RAE. Le sorprendería comprobar cuántas veces los abogados y los jueces se valen del Diccionario para apoyar sus tesis o fundamentar sus sentencias.
-Su última obra, “Informe sobre España”, ha formado un gran revuelo. ¿Qué problemas de nuestro país le preocupan? –
Estamos atravesando un momento de grave crisis institucional. Son pocas las instituciones constitucionales que no están afectadas por un deterioro muy serio. Y no podemos olvidar la degeneración del Estado de las autonomías, en el sentido de que buena parte de los instrumentos y técnicas de que se valía para funcionar están muy seriamente quebrantados.
-¿A qué atribuye el deterioro? –
A una notable dejadez. Al principio de los actuales tiempos constitucionales, era bastante fácil regular el Estado en términos muy poco precisos y abstractos. Treinta y cinco años después, todo ese edificio se ha ido deteriorando sin que se haya hecho el menor gasto en repararlo. Actualmente estamos en un momento en el que los poderes territoriales hacen bastante poco caso a la Constitución y al garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional, cuando resuelve los conflictos que se le plantean.
-¿Habría que reformar la Constitución? –
No me cabe ninguna duda. Las constituciones no se hacen para durar indefinidamente. En España se está produciendo una resistencia incomprensible a reformar la Constitución para corregir sus defectos y adaptarla a la situación actual. Se trata el texto como si fuera un libro sagrado, intocable. Creo que es bastante fácil identificar los problemas a que aludo y establecer las reformas adecuadas. También pienso que no sería muy complicado que los partidos políticos se pusieran de acuerdo. Y, pese a todo, soy consciente de que no lo harán.
-Entonces, ¿qué hay que hacer? -
Los partidos se han adueñado tanto de las instituciones, que se resisten a modificarlas por lo que pueda afectar al poder que han acumulado. Pero el pueblo los acabará castigando si continúan en esta actitud. Hay que apelar al patriotismo de los dirigentes políticos para que reflexionen sobre la gravedad de la situación. Suelo afirmar que la crisis institucional de España es bastante más grave que la crisis económica. Esta se arreglará pronto; aquella puede provocar una catástrofe. Mientras se lo piensan, la única salida es que se vayan reformando las leyes orgánicas y ordinarias que regulan algunas instituciones y servicios, para establecer, a través de ellas, una nueva racionalidad. El problema es que ni para eso existe suficiente consenso.
