MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
En su denuncia, la OCU señala que "existen ya poderosos indicios de la posible existencia de un engaño estructural de dimensiones desconocidas hasta la fecha".
A su juicio, esto se aprecia en aspectos como "la existencia de serias dudas sobre la realidad de un mercado secundario para la compra venta de estos títulos" o "la posible maquinación de una estrategia urdida para la captación de fondos de modestos ahorradores, sobre la base de la ocultación deliberada del riesgo que entrañaba un producto financiero de este tipo".
La asociación de consumidores considera que la comercialización de preferentes "ha supuesto un grave perjuicio económico para cientos de miles de familias que, fiándose de los consejos y recomendaciones del personal de su oficina bancaria, traspasaron sus fondos desde productos seguros hacia las llamadas participaciones preferentes".
De este modo, ha subrayado que siguiendo las declaraciones de los afectados, las entidades financieras "se han aprovechado de la confianza de sus clientes haciéndoles invertir todos sus ahorros en un producto de alto riesgo".
"Es muy ilustrativo que resultando las participaciones preferentes un producto complejo y no destinado a clientes minoristas, sin embargo en su inmensa mayoría se haya comercializado entre usuarios, con mayúscula abstención de los inversores profesionales o institucionales", resalta la denuncia de la OCU.
La asociación también mantiene que en el diseño de la comercialización de este producto "se buscó deliberadamente el saneamiento de la entidad a costa de los ahorros de toda la vida de miles de familias."
AHORRADOR TRADICIONAL Y DE AVANZADA EDAD
La OCU advierte en la denuncia que según las estadísticas, cerca del 90% de los afectados ofrece un perfil de ahorrador tradicional (cliente minorista, consumidor) y el 80% de ellos son mayores de 70 años que depositaron sus ahorros en entidades financieras "sin ser conscientes en la inmensa mayoría de las ocasiones de estar suscribiendo un producto de alto riesgo financiero".
"Nos enfrentamos a un conflicto sin precedentes en nuestra historia democrática desde el punto de vista de la afectación de los intereses económicos de los consumidores. Un conflicto que sin duda formará parte de nuestra historia y forjará futuros desarrollos normativos, como aconteció también con la tragedia de la colza", ha advertido.
Por razones como éstas, la OCU pide a la Fiscalía que se depuren responsabilidades por parte de las entidades financieras, reguladores y cualquier institución, "sea de la naturaleza que sea", que haya tenido relación con este asunto.
"No sería admisible que en el que probablemente sea el mayor escándalo económico de nuestra historia democrática no se articule una investigación con todo el rigor y entidad que los hechos acontecidos exigen", ha indicado.
