MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado seguir la causa del caso 'Goldfinger' contra 17 personas, entre ellas el exalcalde marbellí Julián Muñoz y el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Sobre el actor Sean Connery y su mujer, al no haberse completado la comisión rogatoria remitida a Bahamas, en la que se pedía, fundamentalmente, la declaración de ambos; vuelve a reiterarla y da un plazo de seis meses para esperar la respuesta y decidir.
En este sentido, el instructor determina, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, que en el supuesto de que transcurra ese plazo y no se ejecute la comisión rogatoria, ésta se dejará sin efecto y se resolverá "lo procedente en relación con el dictado de órdenes internacionales de búsqueda, detención y puesta a disposición, en su caso", del matrimonio Connery. Por tanto, en referencia a Bahamas, se acuerda formar una pieza separada.
Además, se decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a cuatro imputados, entre ellos el exsecretario municipal, Leopoldo Barrantes; y se insta a comunicar la resolución a la Fiscalía, al Abogado del Estado y a la acusación particular, para que presenten escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Este procedimiento se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella. Inicialmente, se investigaban sólo los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. y By the Sea, sobre los que se sustenta la promoción denominada Malibú; pero luego se inició una nueva línea de investigación sobre operaciones financieras realizadas, a través de un entramado societario, para el desarrollo de dicha promoción.
En la resolución dictada por el instructor, y notificada a las partes, se realiza un relato de los hechos investigados y se indica que existen indicios de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación administrativa, negocios prohibidos a funcionarios, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales.
