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Poder político fuerte, justicia débil; por José Luis Requero, Magistrado y exvocal del CGPJ

16/05/2013
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El día 16 de mayo de 2013, se ha publicado en el diario El País, un artículo de José Luis Requero, en el cual el autor opina que la reforma del CGPJ responde al interés de la clase política por tutelar el gobierno judicial.

PODER POLÍTICO FUERTE, JUSTICIA DÉBIL

En su primera comparecencia ante el Congreso, el ministro de Justicia anunció que cumpliría el programa electoral del PP: los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial volverían a ser elegidos por los jueces. Ese es el espíritu de la Constitución, añadió, y hay que acabar con la imagen de politización del Consejo, concluyó. Como la oposición habló de involución y de que era la peor de las opciones, el ministro manifestó su sorpresa de que la oposición se sorprendiese de que un Gobierno cumpla con el programa electoral. El portavoz del Grupo Popular remató la faena: “Que los jueces y magistrados sean quienes se encarguen de elegir la mayor parte, el grueso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, nos parece igualmente una magnífica decisión”. Parecía que en cuanto a la justicia no se daría ese divorcio con las promesas que sí predica Rajoy respecto de la economía cuando dijo aquello de “no he cumplido con mis promesas, pero he cumplido con mi deber”.

Sin embargo esa promesa electoral se va a incumplir. ¿Qué razones hay para hacerlo? Creo que dos, y tras ellas están los intereses de toda la clase política. La primera es que cumplirla equivaldría a dar el gobierno del Poder Judicial a jueces levantiscos y, sobre todo, a unas asociaciones sindicalizadas. Visto del lado judicial hay que concluir que no estamos exentos de culpa: es difícil reclamar esa responsabilidad de gobierno si no hay discurso propio de política judicial. En su lugar hay un conglomerado de reivindicaciones profesionales que también son parte de aquella, cierto, pero una parte. Una de las críticas a la reforma es que acabará convirtiendo al Consejo en una suerte de dirección general del personal judicial, pero esa crítica tiene poco recorrido cuando el discurso asociativo no pasa de lo que se gestionaría desde una dirección general del personal judicial. Fuera de esto, lo que más se aproximaría a una propuesta de política judicial es el tópico de aumentar sin más el número de jueces. Añádase la experiencia de los últimos años de gobierno judicial, identificado por las asociaciones como gestión de intereses de grupo.

La reforma es, además, intencionadamente antiasociativa. No se discute la representatividad de partidos o sindicatos, pero sí la de entes intermedios como las asociaciones judiciales que cuentan, además, con el plus de su expreso y específico reconocimiento constitucional. Enterrado definitivamente el modelo netamente constitucional (de 1980) se mantendrá el actual de 2001 y los jueces elegiremos precandidatos, pero dando más facilidades a los no asociados, que son el 50% de la judicatura. Se incumple así lo dicho por el Constitucional: en el Consejo deben estar representadas las diversas tendencias existentes en la judicatura y asociarse o no, que yo sepa, no es una tendencia.

La reforma responde así al interés de la clase política por tutelar el gobierno judicial, pero también a otra lógica que pasa por otras reformas como la del proceso penal. Esta es la segunda razón. Ahora que se atisba que la corrupción no es tan aislada, vamos a un rediseño del sistema de controles favorable a todo el estamento político. Nuestro sistema político y sus protagonistas no tolerarán una versión española de la tangentopoli italiana, que aflore una corrupción estructural que entierre -como mínimo- el actual régimen de partidos.

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