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Madrid Arena

La Audiencia mantiene la imputación de la cúpula de seguridad del Ayuntamiento de Madrid en el caso del 'Madrid Arena'

09/05/2013
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La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener la imputación de la cúpula de seguridad del Ayuntamiento de Madrid en el momento en que ocurrió la tragedia del Madrid Arena, según consta en el auto remitido este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El auto avala su decisión en que los hechos "ocurrieron en un recinto propiedad del Ayuntamiento, gestionado por la Corporación, sometido a su control, aunque su uso para eventos concretos fuera cedido a sociedades y empresas particulares".

Así, y tras la valoración del juez Instructor --de carácter provisional-- de que parece haber "un fallo clamoroso de las medidas de seguridad más elementales", es "lógico que sobre esos fallos en la seguridad exterior deban declarar los responsables".

Los imputados desde el pasado 4 de febrero son el exdelegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Antonio De Guindos; la exconcejala de Seguridad y actual concejal del distrito de Carabanchel Fátima Núñez; el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteaguado; y el director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Álamo.

IMPUTADO Y NO TESTIGO PARA PROTEGER SU DERECHO DE PROTECCIÓN

Explica también que según doctrina del TC "si existe algún indicio por débil que sea en este momento, de que dichos responsables de seguridad hayan podido participar en la adopción de las medidas de seguridad en aquel lugar y momento, deben ser llamados en calidad de imputados y no de testigos, facilitando que la investigación judicial continúe con el fin de confirmar o descartar estos iniciales indicios".

Rechaza el tribunal que exista quebrando del derecho de la tutela judicial efectiva "que en todo caso no es el derecho fundamental del apelante, sino del Sr. Monteagundo Parralejo, que se adhirió al recurso, porque en ningún caso se ha producido efectiva indefensión por falta de motivación; en primer lugar, porque la resolución en forma de providencia citando a declarar a los cuatro responsables es la resolución adecuada para tal finalidad, de acuerdo con el art.141 de la LECr".

También se alude en el recurso del Ayuntamiento al derecho a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, que, en opinión del apelante, se vería perjudicado por la práctica de diligencias de prueba inútiles desde su particular punto de vista, lo que la Audiencia considera que "tampoco es posible apreciar".

RECHAZA TENER EN CUENTA EL EFECTO SOBRE LA OPINIÓN PÚBLICA

Añade también la Audiencia que "los dos últimos motivos del recurso se dedican a una cuestión que escapa por completo al control de los jueces y tribunales; las consecuencias que sufren las personas que ocupan cargos públicos y tienen una imagen pública y una reputación y se ven relacionadas con el procedimiento penal".

Sobre "la opinión pública este Tribunal carece de cualquier forma de control, como tampoco lo tiene el Instructor. En todo caso, es claro que estas consecuencias derivadas del proceso, a las que se refiere el apelante como "strepitus fori", no deben constituir un obstáculo para que el Instructor prosiga con la práctica de las diligencias de prueba necesarias".

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