VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha acordado admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal y ha imputado en la causa en la que investiga un agujero económico de más 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo a los que fueran responsables de caja de Emarsa, Santos Peral Martín e Ignacio Martínez Maiques por un delito de malversación de caudales públicos. El primero de ellos es secretario general del PP en el barrio valenciano de Patraix, mientras que el segundo ocupa el mismo cargo en el distrito de Trànsits.
En una providencia de este martes, el instructor ha fijado la declaración de Peral para los días 29 y 30 de marzo y la de Martínez para el 3 y 4 de junio, en ambos casos a las 09.30 horas. El ministerio fiscal sostiene en la denuncia presentada en el juzgado que ambos responsables de caja recibían unas cantidades mensuales, bajo los términos de 'kilometraje' o 'servicios varios' que no responden a "un plus en la retribución sino a una compensación por callar las irregularidades" que se estaban cometiendo en Emarsa y que conocían.
El fiscal sostiene en su escrito-denuncia que a Peral y Martínez se les puede atribuir la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. El primero de ellos era el director de administración de Emarsa y, por ello, tenía a su disposición fondos de carácter público y se encargaba de supervisar los pagos que la empresa pública realizaba a los proveedores, además de gestionar la caja.
A juicio del ministerio público, existen indicios "suficientes" para considerar que realizó una "dejación, consciente y deliberada" de sus funciones "a cambio de una pequeña remuneración" para permitir
que los responsables de la depuradora se apropiaran de fondos públicos, y añade que existen indicios para pensar que gracias a esta conducta "se procuró un beneficio ilícito" con cargo a esos mismos fondos, mediante la disposición de dinero que justificaba con conceptos "vagos e imprecisos".
Sobre Ignacio Martínez Maiques, director de Sistemas en Emarsa, el fiscal sostiene que no cumplió ninguna de sus funciones y permitió "con su inactividad" que los proveedores, en "connivencia" con los responsables de la empresa y de las entidades encargadas de velar por el correcto funcionamiento de los fondos asignados, "facturasen por servicios que no fueron prestados" o que lo hicieran a un precio superior al de mercado.
El ministerio público considera que, de acuerdo con los indicios, esta dejación de funciones fue compensada con "unas cantidades mensuales injustificadas" que fueron abonadas por caja y contabilizadas con conceptos generales para evitar ser descubiertos.
GASTOS EN RESTAURANTES Y KILOMETRAJES
Para llegar a esta conclusión, el fiscal ha tenido en cuenta el documento 'Memo descriptivo de los procedimientos del circuito de Tesorería' de Emarsa elaborado por los auditores; descripción de testigos sobre la forma de operar de este departamento y justificantes de caja desde enero de 2007 hasta junio de 2010.
Según la denuncia, la gran mayoría de los pagos realizados por caja corresponden a pagos por gastos de comidas en restaurantes del gerente, Esteban Cuesta, y el presidente, Enrique Crespo; kilometraje a trabajadores, muchos de ellos sin "justificación alguna" y otros pagos "que nada tienen que ver con el servicio público" que prestaba Emarsa o que se identifican con conceptos "genéricos" que impiden saber el destino del dinero pagado.
Así, aparecen abonos de 1.159,70 euros como 'Invitación'; 3.255 euros a la Banda de Música de Benimàmet; 1.235,25 euros por 'Obsequios de Navidad'; 2.000 euros a cuenta de una asociación cultural o 3.000 más para una de Pinedo; 3.000 euros a una asociación de vecinos sin concretar; otros 3.000 para las fiestas de Benimàmet o un abono de 12.000 euros para ser contabilizados como 'Invitación obsequio gerente', entre otras anotaciones.
En esta línea, sostiene que ambos cargos sabían que otros tres imputados en la causa percibían retribución de la depuradora sin realizar ninguna tarea.
CAJA DE SEGURIDAD DE CARLOS CRESPO
Asimismo, el juez ha dictado recientemente otras resoluciones en relación con distintas piezas separadas surgidas de la causa principal. En una de ellas, correspondiente a la de blanqueo de capitales, el magistrado acuerda requerir a las entidades bancarias en las que haya tenido cuenta abierta Carlos Crespo, hermano del que fuera presidente del Consejo de Administración de Emarsa, Enrique Crepos, para que le informen de si entre 2004 y 2010 ha sido titular de alguna caja de seguridad o producto bancario similar.
Asimismo, pide un extracto de movimientos de las cuentas correspondiente entre 2008 y 2010 y si figuraba alguna persona como autorizada. En otro auto, de fecha 19 de abril, el magistrado rechaza la solicitud presentada por la imputada María del Carmen Samper, madre del empresario fugado Jorge Roca, para que se acuerde el sobreseimiento libre de la causa abierta contra ella por blanqueo de capitales.
En este caso, el juez comparte los argumentos esgrimidos por el fiscal para oponerse ya que los motivos alegados para imputarla no han quedado desvirtuados. Por otra parte, en un decreto de este mismo martes, la secretaria judicial acuerda el embargo preventivo de dos fincas, un terreno, entre otros bienes, relacionados con el imputado José Luis Sena, administrador de la empresa Argan y sobre el que se acordó una fianza de 2,7 millones de euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias al aparecer su mercantil como responsable civil.
