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El fiscal jefe de la Audiencia Nacional defiende la "inhabilitación cautelar" de cargos públicos imputados

19/04/2013
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El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha considerado este jueves que debería establecerse la "inhabilitación cautelar" para "cualquier cargo público que sea sujeto de una investigación y haya sospechas fundadas de que ha participado en una acción ilícita", tal y como ocurre con los funcionarios, ya que "si a un juez o a un fiscal se le abre un proceso, se le suspende en sus funciones, antes de que sea condenado o no".

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

Javier Zaragoza, que ha participado en una mesa coloquio sobre blanqueo de capitales en el marco del I Congreso de Jueces y Economistas que se celebra en Granada, ha aludido a que la corrupción "está muy extendida y eso preocupa a la sociedad", pero sostiene que la Justicia viene actuando y tiene decenas de investigaciones abiertas por estos casos.

Lo importante ahora, en su opinión, es que "esas investigaciones lleguen a buen puerto, que se hagan en un tiempo razonable, que sean eficaces y, por supuesto, que lleguemos a juicios y establezcamos quién es o no es corrupto y, en caso afirmativo, decomisar sus bienes".

En cuanto a la ley de transparencia, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha apuntado que "todas las medidas que se adopten, sean preventivas o represivas, son necesarias; las que tenemos y, seguramente, otras muchas más", y por lo que respecta al dinero ilegal procedente de la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado, que precisa ser introducido en los canales legales, apunta Javier Zaragoza que es preciso utilizar el tipo legal del blanqueo de capitales para hacer frente a esa actividad criminal y evitar "la entrada de dinero sucio en el sistema financiero".

A partir de ahí la incautación, el decomiso de bienes es un "arma importante, porque ese instrumento permite recuperar el dinero de origen ilegal", ha dicho el fiscal que, frente a esta dificultad, argumenta que los sistemas legales tienen que estar en un proceso de "constante renovación, para incorporar instrumentos que permitan ser más eficaces".

Entre ellos incluye la modificación del decomiso de bienes, y ampliar ese decomiso a los casos de corrupción, "que todavía no se ha hecho"; introducir la figura penal del delito de enriquecimiento ilícito, que sí existe en otros ordenamiento jurídicos; así como "todas aquellas medidas que asuma el legislador para evitar que la corrupción pública exista y se expanda".

En esta segunda jornada del Congreso de Jueces y Economistas, Javier Zaragoza ha compartido mesa coloquio con los ponentes José Mª Bermudo y Mariano Frutos, ambos economistas, y Ana Tárrago, fiscal jefe provincial de Granada, que ha actuado como moderadora.

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