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Falsificó unos documentos para favorecer a una sobrina

El Supremo confirma los nueve meses de prisión impuestos a una exedil de Las Rozas (Madrid) por falsedad

19/04/2013
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El Tribunal Supremo ha confirmado los nueve meses de prisión impuestos a la exconcejala del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) Isabel Montero por un delito de falsedad en documento público, así como la imposición de la inhabilitación a seis meses para ejercer como cargo público por falsificar unos documentos para favorecer a su sobrina en la adjudicación de una ludoteca.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal desestima el recurso interpuesto tanto por Montero como por la otra condenada, la entonces educadora social Dolores Pérez, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en marzo de 2012.

Los magistrados de la Audiencia basaron la condena de la exedil en la versión de los testigos al estimar que son "concluyentes al declarar como es Isabel quien da la orden de confeccionar tales documentos".

En la vista, la exedil acusó a la exdirectora de la Concejalía de Servicios Sociales Mar Palacios Pérez del delito de falsedad documental por encargar un informe falso que favorecía la adjudicación de una ludoteca a una sobrina.

Por su parte, la ex directora aseguró ante el tribunal que se negó a hacer los informes porque "no eran ciertos" y tenían la fecha cambiada, negando la acusación.

HECHOS PROBADOS

Según la resolución, Dolores encargó a la educadora social en su condición de concejal que confeccionara un informe y una nota de régimen interior desfavorable a la actuación de la empresa que en el año de 1996 resultó adjudicataria del servicio de ludoteca del Ayuntamiento de Las Rozas.

Con dicho informe, pretendieron justificar la propuesta realizada por Isabel, en marzo de 1997, para la adjudicación de este servicio a favor de un grupo integrado por la sobrina de la acusada. Estos hechos ya fueron juzgados por tráfico de influencias.

Para ello, las acusadas fecharon el informe en diciembre de 1996 y la nota en febrero de 2002 cuando realmente se había realizado posteriormente, por lo que no figuraba en el expediente administrativo de 1997.

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