MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha aceptado la distribución de competencias establecida por el Juzgado número 3 de Pamplona sobre la investigación de irregularidades en Caja de Navarra, renunciando, por lo tanto, a instruir lo referido al cobro de dietas y a los créditos concedidos a familiares y empresas participadas del grupo a tipos de interés inferiores al ordinario. Analizará tan sólo la salida a bolsa de Banca Cívica.
En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta el criterio de la juez de Navarra, quien el pasado 21 de marzo se opuso a remitir esta parte del procedimiento a la Audiencia Nacional al entender que esos hechos son conexos con la posible prevaricación por omisión atribuida al Gobierno de Navarra, que fue la parte que desde el principio se quedó en el Juzgado de Pamplona.
Concretamente, Velasco acepta que la investigación sobre las dietas se quede en Navarra por hallarse estos hechos "indisolublemente ligados a la prevaricación omisiva por ausencia de controles administrativos de las instituciones forales oportunos sobre Caja Navarra, tanto las acciones de cobro indebido de dietas como el otorgamiento de créditos a familiares y empresas participadas, vinculando así la prevaricación al cohecho, de modo independiente al delito societario".
Por ello, establece el juez de la Audiencia Nacional que no investigará esos hechos aunque se quedara con el resto, "por lo que no procede plantear cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo". También recuerda Velasco a la juez del "caso Navarra" que le remita los documentos que tenga sobre los delitos que sí le toca investigar.
LA FISCALÍA SE OPUSO
Según revela el auto, la Fiscalía se opuso el pasado 4 de abril a esta división de la causa y que la defensa del exdirector general de Caja Navarra, Enriqu Goñi, solicitó que se promoviera la cuestión de competencia ante el alto tribunal. Contra la decisión de Velasco cabe recurso de reforma subsidiario de apelación.
Para justificar que quería seguir investigando las dietas, la juez de Navarra expulso que "el pago y cobro de esas cantidades no constituyen un presunto delito societario como se enuncia, sino que podrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión" cuya competencia se atribuía a su Juzgado".
VELASCO REVISARA LA SALIDA A BOLSA
** La magistrada sí aceptaba la inhibición solicitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional respecto al posible falseamiento de la contabilidad de la CAN por su relación con la posterior fusión en Banca Cívica y su salida a bolsa.
El pasado 11 de marzo, el juez Velasco admitió su competencia para tramitar la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra a los antiguos gestores de*Banca Cívica*por los*delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, entre otros.
Velasco defendió su competencia para investigar estos hechos entre otros criterios por el grave perjuicio económico causado, que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, y el número de perjudicados, que se acercaría a los26.000 inversores que habrían perdido el 43,2% de su dinero*"de manera que nunca recuperaron el precio de salida respecto a la cotización de julio de 2011", cuando el banco salió a Bolsa, según los denunciantes.
Velasco también pretendía, en principio, analizar las actuaciones en Caja de Navarra porque vendrian a explicar la insolvencia que llevó a la*fusión entre Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol, la ayuda del FROB y la salida posterior a bolsa. irregularidades
El juez Velasco destaca que en la querella hace referencia a cobro indebido de dietas, falseamiento de la contabilidad,*contabilidad confeccionada 'ad hoc', minusvaloración de activios, despatrimonialización con inversiones favoreciendo a personas ligadas a las que deciden en la entidad bancaria, compras de terrenos a precios muy superiores a los de mercado etc.
Todo ello, según la querella, habría determinado un grado tal de insolvencia que les obligó a buscar liquidez externa por una triple vía: fusión con otras tres cajas bancarias, recabar ayudas públicas del FROB y concurrir al capitalprivado saliendo a Bolsa, "de modo y manera que lo último es antecedentes y consecuencia de lo primero", según apunta indiciariamente el juez.
Según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariecia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".
La denuncia que ahora será investigada por la Audiencia Nacional añade que*la salida a bolsa fracasó a los ocho meses*obligando a Banca Cívica a dejarse absorber por Caixabank para evitar la nacionalización de la entidad, de modo que este último banco "adquirió unas acciones que habiendo salido inicialmente a l2,7 se adquirieron por un precio de 1,97 pagando, justamente, 977.000 euros por ellas y anunciando, además, que debieron realizar 3.8 millones de euros de ajustes de valoración con cargo a fondos propios de Caixabank".
Otros delitos cometidos serían el de administración fraudulenta de bienes societarios o contracción de acciones perjudiciales, penado con entre seis y cuatro meses de prisión y multa; un delito de publicidad falsaria en valores negociables en mercados, penado con entre dos años y medio a seis de prisión y multa; otro de maquinación para alterar el precio de las cosas, entre seis meses y dos años; y un delito de apropiación indebida, entre uno y seis años de cárcel y multa.
