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Debate en el Congreso

La oposición exige el jueves retirar el nuevo modelo de CGPJ porque supone su "muerte" e instaura el "teletrabajo"

15/04/2013
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Enmienda el sistema de Gallardón porque ataca la independencia judicial y pide que el Consejo no esté exento al control parlamentario

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los grupos de la oposición presentarán el próximo jueves en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad que han presentado a la ley que reforma el modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al advertir de que conduce a la "muerte" del órgano de gobierno de los jueces y sitúa a los vocales en un "régimen de teletrabajo".

El PSOE, la Izquierda Plural, el PNV, UPyD y el Grupo Mixto, a iniciativa de ERC, han registrado sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que piden al Gobierno la devolución del proyecto de ley por el que se reducen las Comisiones del Consejo del Poder Judicial, se mantiene la elección parlamentaria y disminuyen los vocales con dedicación exclusiva.

Las fuerzas parlamentarias se muestran de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema actual al detectar "deficiencias" que han llevado al "descrédito" de la institución. Pese a considerarlo un modelo "fracasado", ven "decepcionante" la propuesta del Gobierno, que, a su juicio, ha perdido la oportunidad para construir un Consejo fuerte, seguro e independiente.

El ejercicio del cargo de vocal compatible con su actividad profesional es objeto de reproche por parte del PNV, que advierte de que el Consejo "no puede convertirse en un órgano que funcione en régimen de amateurismo con un voluminoso número de vocales cuya dedicación parece que se realizará en un régimen de teletrabajo".

Los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también avisan de que la reducción de gastos no debe pasar por un menoscabo de las funciones de los consejeros y de sus condiciones de igualdad para ejercerlas. "El nuevo modelo no puede sentar las bases para que haya vocales de primera y vocales de segunda", remacha.

La coalición de izquierdas coincide con los socialistas en reprobar que el Poder Judicial quede exento de control parlamentario y ajeno a las exigencias de transparencia y responsabilidad. Los socialistas exigen poder llamar a comparecer al presidente para obtener información acerca de actividades distintas a la Memoria anual del CGPJ, aunque queden excluidas aquellas de contenido jurisdiccional.

"En el proyecto de ley hay una ausencia total de fórmulas de control ciudadano sobre la actuación del poder judicial y de mecanismos democráticos para censurar su actuación, cuando se den determinadas circunstancias como las sucedidas en el seno del CGPJ en el pasado año. En este último caso a imagen y semejanza de los mecanismos para censurar la acción al jefe del Ejecutivo o sus ministros", recoge, por su parte, la enmienda de la Izquierda Plural.

Ambos grupos ven injustificada la "sobrerepresentación" de vocales procedentes del Tribunal Supremo o de la parte más antigua de la Carrera. El PSOE censura también el "marcado presidencialismo" del modelo, que otorga al presidente el poder discrecional de cesar al vicepresidente, al secretario, al vicesecretario general y al director de comunicación.

LEY QUE CONDUCE A LA "MUERTE" DEL CGPJ

Para el principal grupo de la oposición, el texto del Gobierno supone el medio para privarle de parte de sus funciones básicas, invocando razones de eficiencia y simplificación del órgano, que "sólo conseguirá la muerte del mismo".

La solución para evitar bloqueos en la renovación del Consejo tampoco ha sido bien acogida por los grupos de la oposición. Según el Grupo Socialista, la constitución de un nuevo órgano con los diez vocales de la Cámara que hubiera procedido a su designación, "podría resultar contraria" al mandato constitucional de que sean 20 los vocales nombrados en un único acto por el Rey.

Para UPyD, la solución al "bloqueo partidista" consiste en despolitizar los nombramientos. La formación magenta apuesta por la elección de los doce vocales de adscripción judicial por parte de los propios magistrados y acusa al Gobierno de incumplir sus "piadosas declaraciones de intenciones" y de presentar un proyecto que reduce "notoriamente" las competencias del Consejo para "residenciarlas en el Ministerio de Justicia".

La Izquierda Plural defiende la elección parlamentaria "pura" de los vocales, lejos de "pactos entre cúpulas con intereses partidistas o corporativos". Al igual que el PNV, reivindica la creación de los Consejos Autonómicos del Poder Judicial.

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