LA DEMONIZACIÓN DE LO PRIVADO
De siempre, pero especialmente en estos últimos tiempos, hay un clamor social -no sé con qué extensión y realismo- en contra de la privatización de servicios hasta ahora públicos. Creo que en el debate hay poca racionalidad y mucha pasión, puesto que lo normal es montarlo en el maniqueísmo de que lo público es bueno y lo privado malo. A ello se añade la creencia de que todo lo privado está guiado por el lucro, y además desmedido. Nadie se pregunta por la eficiencia sino por el provecho, como si éste no fuera -en una economía de mercado- contrapartida lógica del riesgo que el empresario asume y que todos, en la medida de sus posibilidades, pueden asumir. Eso sí que es democrático: la igualdad de oportunidades, que hoy, entre nosotros, afortunadamente está bastante implantada, con todas las salvedades que se quieran. ¿Por qué gusta tanto la fijeza en el servicio público y no el autoempleo? Puede estar justificado; pero lo que no es de recibo es que cuando alguien se la juega y triunfa reciba como premio el desprecio, o no aprecio, social. Hay una demonización indiscriminada de los beneficios empresariales, olvidando que una empresa con beneficios -corregidos por los impuestos- es una fuente sostenible de empleo. Y frente al mundo anglosajón, donde se aprecian y reconocen socialmente las actividades empresariales, en el continental y especialmente en el sur de Europa al empresario se le estigmatiza, desprecia y persigue como a un ser antisocial que solo persigue su propio beneficio. A ninguno, por muchos puestos de trabajo que haya creado, se le pone un monumento. Y ocurre lo mismo con los que con su renta de trabajo pagan cantidades importantes por el IRPF: aparte de envidiarlos (con envidia destructiva, no de emulación o estímulo), se les acusa de “ganar una barbaridad!”, olvidando su aportación social del ¡52%! Eso es lo que hay, y así nos va, respecto a la creación de riqueza y por ende de servicios sociales, entre los que destaca el empleo.
Pero resulta conveniente, para enmarcar el tema, hacer unas reflexiones sobre el papel del Estado y de los particulares en la prestación de servicios. Para ello sigo las magistrales enseñanzas del profesor Ariño (Gaspar) en sus “Lecciones de Administración”. En los finales del XIX y XX se instauró el Estado Providencia con el fin de asegurar a los ciudadanos un mínimo vital que luego se ha ido ensanchando hasta proporciones elefantiásicas: vivienda, salud, educación y cultura, alimentación, abastecimientos esenciales, etc. Más o menos, el mensaje al que nacía era de total tranquilidad en su futuro porque el Estado se preocuparía de todo. No hay que ahorrar, que de todo (sanidad, educación y pensiones) se ocupa el Estado. Se cambiaba dosis de libertad por dosis de seguridad. Y si a ello añadimos la irrupción brutal del Estado en el mundo empresarial a través de empresas públicas, nos encontramos con Estados omnipotentes que traspasan, literalmente, nuestras vidas. Y además, como los recursos son públicos si escasean se acude a los impuestos y se acabó el asunto. Ello ha originado muchos y muy variados problemas, y uno, no menor, es el de propiciar la corrupción de los gestores. Unos gestores llenos de poder y faltos de ética, que afortunadamente, y aunque llenen los medios de comunicación, no es de todos. Aquí se puede aplicar aquel viejo dicho de que “la mujer honrada no tiene historia”.
La vía para alcanzar ese papel de asegurador de bienes es doble: o bien por el estricto control del Estado sobre las prestaciones efectuadas por empresas privadas, o bien por la creación de empresas pertenecientes -directa o indirectamente- a la Administración. La primera se ha dado especialmente en los países anglosajones, y la segunda en la Europa continental. ¿Y cuál de estas dos opciones es mejor? Es difícil contestar genéricamente, pero sí se puede apuntar algo al respecto. Frente a la afirmación de que el Estado debe tener el control absoluto del aseguramiento de las necesidades vitales de los ciudadanos, bien sea por el control o bien por la propiedad, debe decirse que no es así. El profesor Ariño señala acertadamente que la ampliación desmesurada de lo que se entiende por necesidades vitales de las personas nos llevaría a un sector público de dimensiones incalculables. En segundo lugar, según dice García Pelayo, “el Estado social no se centra tanto en la titularidad formal de los medios de producción como en la distribución de lo producido”, lo cual no es sino la manifestación en este campo de la distinta relación de dependencia que se produce en nuestros días entre titularidad (propiedad) y gestión (dirección). Y, dice García Pelayo, “ésta es la importante y no aquélla”. De cualquier modo, es un hecho indiscutible, para la mayoría de los expertos, que la burocracia y el espíritu burocrático que es consustancial a la dirección legalista y formalizada del Estado resultan bastante incompatibles con una gestión empresarial eficiente y capaz. Si a ello añadimos que la propiedad privada ya no tiene esa significación política de discriminación y explotación de unos sobre otros, podemos concluir que no tiene por qué asumir el Estado la propiedad, la gestión y el control, sino que, más que ir a soluciones dogmáticas y apriosísticas, hay que actuar en función de factores de muy diverso orden, y entre ellos, fundamentalmente, como dice Ariño, la capacidad financiera del Estado (sin llevar la presión fiscal a límites intolerables) y la capacidad de gestión de la Administración.
Por otra parte, no podemos olvidar que a partir de los ochenta del siglo pasado se produjo en este campo una impactante revolución a través de la privatización no solo de grandes servicios públicos, sino también de sectores estratégicos, como telecomunicaciones, transporte, energía, infraestructuras (puertos y aeropuertos), agua, etc. Y no solo no han sufrido los ciudadanos las consecuencias adversas, sino que en la mayoría de los casos la situación ha mejorado en cuanto a eficiencia. Pensemos, por ejemplo, en los teléfonos y el petróleo. Se ha dado un cambio de papeles entre el Estado y la sociedad, pasando de economías cerradas a economías abiertas a la iniciativa privada. Por todo ello, el que se pongan en marcha procesos de gestión privada en servicios públicos no debe suponer un escándalo, sino algo muy digno de evaluar, con conclusiones técnicas favorables a ello, casi con seguridad.
Pero también es una alternativa de gran interés la experiencia sueca que transitó de una economía publificada al máximo a una economía en que el propio Poder público ha dado cancha a la iniciativa privada, por mor de la eficiencia y competitividad, sin perder por ello el control de “lo público”. Según explica Mauricio Rojas (“Reinventar el Estado de Bienestar social”), el cambio profundo que se produjo en Suecia desde 1991 nos enseña que una economía basada en la propiedad y el control férreo por el Estado de todos los servicios a los ciudadanos lleva a un empobrecimiento dramático de los ciudadanos, a un incremento del paro, a una baja calidad de servicios y a una presión fiscal brutal. Cuando cambió, con los nuevos mandatarios, la filosofía política y económica, Suecia ha experimentado un auge impresionante al entronizar la libertad ciudadana de elección como forma de controlar los servicios ofrecidos. A nivel sanitario, esto se ha logrado ya sea dándoles a los ciudadanos la opción de elegir entre varios proveedores contratados (sean públicos o privados) o, de forma más plena, a través de los vales de salud y el establecimiento libre de proveedores de salud. Dicho de modo simple, Suecia ha adoptado un sistema muy sabio y eficiente: el dinero es público, pero se da no a los establecimientos públicos, porque sean públicos, sino indistintamente a públicos y privados, según sea su eficiencia y aceptación de los usuarios. En un sencillo ejemplo, es lo que hace entre nosotros la Mutualidad de Funcionarios del Estado, que concierta los servicios sanitarios con instituciones privadas o con la Seguridad Social, eligiendo el mutualista cada año lo que prefiera. Ese es el modelo, sin apriorismos ni dogmatismos.
