CASTELLÓN, 3 (EUROPA PRESS)
Pin había solicitado el amparo del órgano de gobierno de los jueces al creer que la sección primera de la Audiencia de Castellón había "perturbado" su independencia al "tratar de imponer indirectamente el sobreseimiento del delito de cohecho" imputado a Carlos Fabra.
La decisión del CGPJ llega tras la sentencia de la sala segunda del TS, que acordó remitir las actuaciones del 'caso Naranjax' que afecta a Carlos Fabra al juez instructor para que "con absoluta libertad de criterio" dictase un nuevo auto de apertura de juicio oral en el que se concretasen las personas contra las que se abre la causa, los delitos que se les imputan y el tipo de procedimiento, "teniendo en cuenta las reglas de conexión delictiva".
El TS alcanzó "por unanimidad" esta decisión en relación a los tres recursos de casación planteados por la Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal y Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, contra el auto de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón que, en mayo de 2012, declaró la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, tras haber resuelto previamente otro tribunal de este órgano, la sección segunda, que los hechos imputados al expresidente provincial del PP no era constitutivos de un delito de cohecho.
SOLICITUD DE JULIO DE 2012
En julio de 2012 la Comisión Permanente del CGPJ suspendió la tramitación del procedimiento de amparo que seguía a petición de Jacobo Pin hasta que se pronunciase el TS sobre los recursos planteados a la decisión de la Audiencia. Ahora, tras la resolución del TS, el CGPJ ha resuelto que, "en consecuencia", procede el archivo del expediente incoado con ocasión de la solicitud de amparo presentada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules.
En cumplimiento de la sentencia del TS, Jacobo Pin decretó recientemente de nuevo la apertura del juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, donde incluyó el cohecho, que había sido excluido por la Audiencia, además del tráfico de influencias y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
