BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que los 'escraches' --actos de protesta-- que colectivos antidesahucios realizan en domicilios de políticos son "una infracción penal" porque suponen "coacción" y, por lo tanto, son motivo "de intervención inmediata".
No obstante, ha considerado que las protestas ante las sedes públicas o de partidos se incardinarían en la libertad de expresión, siempre que no se profieran "injurias y calumnias" a los representantes políticos y que se comunique al Gobierno su convocatoria.
En declaraciones a Europa Press, Calparsoro se ha referido, de esta forma, a los 'escraches' que se están produciendo por parte de los antidesahucios en todo el Estado español, y al hecho de que Stop Desahucios Vizcaya haya anunciado que comenzará su propia campaña la próxima semana contra los dirigentes del PP vasco, Antonio Basagoiti y Leopoldo Barreda, pero de manera "pacífica, sin insultar", y sin acudir a los domicilios particulares.
El Fiscal Superior del País Vasco ha manifestado que, "en principio", podría haber una infracción penal en el hecho de que los movimientos antidesahucios protesten ante los domicilios de los políticos.
"Ir al domicilio particular de una persona, al final, es un elemento de coacción. Porque, si se quiere protestar contra un partido político, se puede ir a la sede del partido a quejarse, pero ir a un domicilio particular puede suponer una infracción penal", ha añadido.
Asimismo, ha señalado que estas protestas tendrían, en este caso, una finalidad "coercitiva" para el político y sus familias. "Nadie tiene que soportar que se pongan enfrente de tu casa con ese fin de crítica. Me parece una coacción, no se puede tolerar, y sería motivo de intervención inmediata", ha apuntado.
SIN HECHOS DELICTIVOS
Sin embargo, ha considerado que "una concentración ante la sede de un partido", por ejemplo", no sería constitutiva de infracción penal, "salvo que se profieran gritos injuriosos" o se cometan otros hechos delictivos. "Pero, mientras las pancartas y los gritos no entren dentro de las injurias y calumnias, no lo veo incardinable en un tipo penal", ha indicado.
Juan Calparsoro ha destacado que, en principio, estas protestas se enmarcarían en la libertad de expresión, "si no se traspasan los límites generales de cualquier manifestación pública".
En cuanto al derecho de reunión, ha recordado que Stop Desahucios deberá comunicar al Gobierno vasco la concentración que piense realizar con antelación, y será el Ejecutivo el que analice si permite que se celebre. Si se autorizan estos actos, ha señalado que la Ettzaintza tendrá que velar porque no se cometan hechos delictivos.
