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No con mis datos; por Pilar Blanco-Morales Limones, Catedrática de Derecho Internacional Privado

25/03/2013
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El día 23 de marzo de 2013, se ha publicado en el diario El País, un artículo de Pilar Blanco-Morales Limones, en el cual la autora considera que con la reforma de los registros se permite la descarada patrimonialización de la Administración por los registradores de la propiedad.

NO CON MIS DATOS

El presidente del Gobierno es registrador de la propiedad y titular del Registro de Santa Pola. El ministro de Justicia es suegro de una registradora de la propiedad y cuñado de un registrador de la propiedad; el director general de los Registros y del Notariado es registrador mercantil; el subdirector general de Notariado y Registros es registrador de la propiedad. Estos son los responsables políticos y administrativos que han tomado la iniciativa de encargar la redacción de un anteproyecto de ley cuyo objeto es la “reforma integral de los registros”. Una conspiración florentina en toda regla.

De este documento ya se ha hecho eco la prensa, pues el nuevo proceso legislativo comienza en los medios de comunicación, antes que en el sosegado estudio y debate interno entre las diversas unidades técnicas especializadas de los ministerios, que por lo que se sabe, han tenido conocimiento del mismo “por la prensa”, antes que en una comunicación leal entre departamentos. Ahora, una vez se ha filtrado el primer borrador y tras las primeras reacciones, se conciertan reuniones y se comienzan los debates, que han fructificado en un segundo borrador, más cínico que el primero.

Este borrador de ley se presenta como un intento de modernización del tratamiento de la información que afecta a los ciudadanos. Un salto tecnológico, se dirá, ¡de una magnitud... sideral! Este es el calificativo con el que los promotores del proyecto enfatizan su bondad. Además, se encargarán de decir que la modernidad del proyecto será atacada por los funcionarios apegados a sus procedimientos ancestrales, cuya conducta no hace más que detener la locomotora de las nuevas tecnologías a fin de conservar sus privilegios.

También subrayarán el arrojo del ministro, que volverá a decir que no esperaba aplausos de quienes ven reducidos sus privilegios por su acción. ¡Qué fortuna! La miopía del ciudadano está suplida por la clarividencia de su líder, a quien ha de respetarse y no contradecir, pues lo hace por el bien de sus incapaces gobernados.

La realidad del proyecto es otra. No implica evolución, sino todo lo contrario: involución. Permite la descarada patrimonialización de la Administración por los registradores de la propiedad. Y eso no es modernidad.

Francisco de Vitoria en 1552 escribía que la venta de oficios introducía una seria perturbación en la dispensación de la justicia distributiva propia del oficio real, privando a las personas virtuosas y hábiles de lo que por merced les correspondía (Tomás y Valiente, F., Opiniones de algunos juristas clásicos españoles sobre la venta de oficios públicos, en Filosofía y Derecho. Estudi). La venta de cargos y oficios públicos es un fenómeno que, como subraya Domínguez Ortiz, se dio en todos los países europeos en la época en que se consolida el Estado moderno, por razones económicas y políticas. Se trata de un fenómeno que revela un concepto de dominación que está lejos del Estado racional weberiano. Así pues, la venta de oficios ya fue protagonista de la historia como mecanismo aglutinador de poder y de creación de oligarquías.

A ese modelo responde el borrador, que fija negro sobre blanco la máxima aspiración de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial de la Administración: ser independientes, y hacerse con el control de una importantísima parcela de poder real sobre los ciudadanos. Mientras las mayorías políticas en el Congreso y los Gobiernos pasen, los registradores permanecerán y lo harán controlando la información más sensible de los ciudadanos, sin ser controlados por nadie, pues los interinos y advenedizos del poder nada tienen que hacer frente a su posición ininmutable.

Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas de hecho, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y de fallecimiento (y la información relativa a quien sea beneficiario del mismo), si somos socios de una asociación, o de una sociedad mercantil y quiénes nos acompañan en la aventura, o si somos fundadores de una fundación o patronos de la misma, y con quién compartimos la tarea...

En fin, todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, los vinculados no solo al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, sino también de nuestros derechos constitucionales, en las manos de un cuerpo de funcionarios que, además, se cuida de evitar cualquier control directo por el Poder Legislativo, pero también del Ejecutivo: el borrador desmantela la dirección general de la que, hasta ahora, dependen.

Un cuerpo de funcionarios que lo es, como ahora, cuando le interesa vestir este traje, pero que se desprende de él cuando esta condición no le interesa, por ejemplo, en la gestión de los aranceles que cobran por prestar su función.

El borrador de proyecto pretende que los registradores presten su potente sistema informático para realizar una gestión eficiente de los datos del Registro Civil y del resto de la información. Este sistema informático no es público. Aunque se ha creado por las aportaciones de los registradores, aportaciones que son el resultado de lo obtenido por la aplicación del arancel. En consecuencia, la gestión de los datos más íntimos de los ciudadanos españoles --y sus interrelaciones- se realizará por empresas, y por sus empleados, todos eventuales tras la nueva regulación de las relaciones laborales, no sujetos al estatuto y disciplina funcionarial.

¿Consentiríamos que los archivos de la policía y Guardia Civil fueran elaborados, tratados y gestionados por particulares? ¿Consentiríamos que nuestros datos fiscales y las bases de datos públicas no fueran tratados por inspectores y subinspectores y funcionarios públicos sino que se incorporasen a bases de datos de propiedad privada y fueran gestionadas por personal contratado y eventual? ¿Consentiríamos que los datos relativos a la Seguridad Social fuesen incorporados a bases de datos de titularidad privada y gestionados por personal contratado eventual? Sin duda alguna, la respuesta es no.

Nuestro derecho fundamental a la privacidad está por encima de un anhelo gremial. No se olvide: los derechos fundamentales lo son frente a los poderes del Estado. No nos dejemos embaucar por cantos de sirena o reclamos de modernidad... corporativista. No se ha avanzado en la defensa de la privacidad hasta alcanzar las altas cotas que ofrece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal para que el sueño de una noche de verano de un registrador de la propiedad y mercantil la destrocen. Desde luego este sueño no puede ser realidad, y si lo fuera desde ahora ha de avanzarse el grito: ¡no con mis datos!

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