SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
LAS POSIBLES COMISIONES
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros por su papel de "intermediación" en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.
Pues bien, después de que la juez Mercedes Alaya haya regresado al Juzgado de Instrucción número seis tras varios meses de baja, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles una gran operación que, según ha informado en rueda de prensa la delegada del Gobierno central en Andalucía, contempla "alrededor" de 30 "detenciones e imputaciones" y 12 registros, todo ello en las provincias de Cádiz, Jaén, Granada, Sevilla, Las Palmas, Madrid y Barcelona. Se trata, como se ha informado, de la 'Operación Heracles', que cuenta con un nuevo llamamiento judicial al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, con un papel clave en los hechos al haber ejercido este cargo durante el periodo en el que operó el citado sistema de ayudas.
"SEGUNDA FASE"
Carmen Crespo ha explicado que esta operación, ya "bajo secreto de sumario", constituye "la segunda fase" de la investigación promovida en torno a la administración y destino de los fondos de la partida presupuestaria 31L. Las actuaciones, según ha manifestado, versan sobre una serie de "empresas mediadoras que ofrecían la búsqueda de financiación a aquellas empresas" que promovían "reestructuraciones" laborales. "Es la segunda fase", ha insistido Crespo, quien ha recordado que, hasta ahora, todo el conjunto de la investigación contaba con "116" detenciones e imputaciones".
