MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
En un auto, contra el que cabe recurso de súplica, la Sala de lo Penal ha acordado la inadmisión a trámite de la querella que atribuía al magistrado y a los representantes del Ministerio Público una veintena de delitos contra la libertad individual tipificados en el artículo 530 del Código Penal.
Este precepto castiga a "la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años".
En un auto, del que ha sido ponente el magistrado y presidente de lo Penal Juan Saavedra, descarta la existencia de indicios de delito en su actuación y rechaza la analogía con la sentencia del Tribunal Constitucional, a la que aludió la Sección Tercera de la Audiencia Nacional cuando ordenó la excarcelación de cuatro imputados que recurrieron contra su detención.
Según el Supremo, la ejecución de 108 detenciones ordenadas en el marco de la 'operación Emperador' no implicaban sólo el traslado de estas personas a dependencias policiales y su posterior puesta a disposición judicial, como fue el caso del caso analizado por el Constitucional.
En la causa contra la mafia china, las 124 diligencias de entrada y registro en domicilios, empresas y locales exigían la presencia de los detenidos y los arrestos no eran un "mero instrumento de ejecución", sino que constituyeron un "papel activo" en la investigación de los hechos.
En línea con lo expresado por el Ministerio Fiscal, el alto tribunal califica de "razonable" la conclusión de los querellados basada en que, una vez transcurrido un primer plazo de 72 horas para la práctica de las detenciones, se abría un nuevo periodo del mismo intervalo para practicar las diligencias judiciales correspondientes para decidir sobre la situación personal de los arrestados.
ACUERDO ENTRE JUEZ Y FISCALES
El Supremo descarta la existencia de un acuerdo para retrasar la puesta en libertad de los detenidos en esta operación y afirma que no se han aportado elementos que induzcan a pensar en esta hipótesis.
Andreu puso en libertad a los detenidos después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, ordenara la "inmediata" puesta en libertad de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal. Al día siguiente ordenó la excarcelación de otros tres imputados más por los mismos motivos.
En su auto, la Sección Tercera argumentaba que el arresto de los presuntos miembros de la trama se produjo el 16 de octubre, por lo que al tratarse de una "detención judicial" y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en un plazo de 72 horas. Sin embargo, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición del juzgado de los detenidos, que no fueron enviados a prisión hasta los días 19 y 20. El juez se hizo "responsable" de la situación aunque manifestó que a partir del día 18 cesaron todas las diligencias policiales.
A partir de ese momento, los fiscales Anticorrupción presentaron incidentes de nulidad contra los autos de la Sala aun sabiendo, según la parte querellante, que se trataba de "un mecanismo inviable procesalmente" que también fue inadmitido por el tribunal.
Además del presunto líder de la trama Gao Ping, la Sala ordenó la puesta en libertad de otros destacados dirigentes de su trama, entre los que se encontraban su esposa, Lizhen Yang; su lugarteniente, Wei Lin; y el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li.
