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Reforma del Registro Civil

El Colegio Registradores niega que la reforma de registros les dé "más dinero" y acusa a los notarios de no querer mejoras

21/03/2013
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Candau asegura que Rajoy "no ve un duro del Registro ni directo ni indirecto" como registrador de la propiedad

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El decano presidente del Colegio de Registradores de España, Alfonso Candau, ha afirmado este miércoles que el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja el Ministerio de Justicia, todavía en proceso de debate, no reportará "más dinero" a los registradores y ha acusado al colectivo de notarios de no querer hacer "mejoras" en el sistema.

"Estoy convencido de que no les interesa hacer mejoras", ha manifestado Candau en alusión a los notarios, en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) celebrado en Madrid y en el que han participado la directora general de la Mutualidad de la Abogacía, Mercedes Vázquez de Padura, así como el secretario de dicha organización, Silverio Fernández Polanco.

Dicho esto, Candau ha explicado que la comisión de estudio se ha reunido durante tres meses una vez por semana para discutir y proponer mejoras en el borrador del Anteproyecto de Ley y ha criticado que el notariado no aportó "propuestas", sino que se limitó a rechazar las que se proponían.

Así ha contestado el presidente del Colegio de Registradores al ser preguntado sobre las quejas del notariado que aseguran que no se han aceptado sus sugerencias. También ha rechazado las críticas de los notarios que apuntan a que la nueva reforma entorpecería el tráfico jurídico y ha abogado por unificar los registros y convertirlos en electrónicos para que "no viajen los documentos, sino los datos". "Plantear esto como una guerra de corporaciones me parece un absoluto error", ha enfatizado.

Al ser preguntado sobre la polémica suscitada en torno a que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy sea registrador de la propiedad, ha respondido que es "una desgracia" que tienen ahora los registradores y ha asegurado que el presidente del Ejecutivo "no ve un duro del Registro ni directo ni indirecto", pues "no tiene ninguna vinculación más que pertenece al Cuerpo de Registradores". "No está el país para esto", ha aseverado.

"FORTALECE" LA INSTITUCIÓN

Por otra parte, Candau se ha mostrado partidario del borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros porque, a su juicio, "fortalece" la institución de los registradores y ha recordado que detrás de la modificación legislativa está el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, quien "es registrador y notario". "Que va a dar más dinero, eso no es verdad", ha subrayado.

De esta manera, ha defendido que este borrador "da una vuelta de calcetín" al funcionamiento y la eficiencia de los registros, aunque ha reconocido que "todo es mejorable". Sin embargo, ha apuntado que cerca de 300 registradores se han posicionado en contra de la reforma, en su opinión, entre otras cosas debido al "miedo a la tecnología" que puede verse "como un peligro o como un reto" y por el aumento de la "carga de trabajo".

Candau ha concretado que "si este proyecto triunfa" se eliminará la presencia de los ciudadanos en las oficinas, supondrá "un ahorro tremendo" y se evitarán situaciones "fraudulentas" como que alguien pueda seguir cobrando la pensión de jubilación de una persona fallecida. También, ha destacado, se acabarán las certificaciones y las consultas se podrán hacer a través de un ordenador y el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico.

LAS BODAS CIVILES

En relación con la polémica sobre las bodas civiles que hasta ahora eran oficiadas por los jueces de manera gratuita, ha señalado que los registradores no van a celebrarlas y, por lo tanto, que no van a cobrar por ellas. "Todo lo que es gratis va a seguir siendo así", ha asegurado, para después agregar que, a su juicio, hay que "desjudicializar" algunos asuntos como los nacimientos o las bodas.

Sobre cómo van a amortizar económicamente los registradores los nuevos servicios que ofrezcan, ha indicado que "quienes no sean ciudadanos ni Administración Pública" tendrán que pagar un arancel o tasa por las consultas que fijarán el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, para así "poder mantener el sistema". Como ejemplo, Candau ha citado a los despachos de abogados o asesores jurídicos. "No queremos ganar dinero, pero tampoco que nos cueste", ha enfatizado, al tiempo que ha afirmado que "a veces hay que hacer sacrificios".

Candau ha detallado que el borrador también contempla un aumento de los hechos inscribibles en el Registro, como es la inscripción de poderes o el domicilio, desde su punto de vista, a consecuencia de la "concentración de registros". No obstante, frente a las críticas, ha insistido en que esto supondrá un "ahorro" y en que acabará con el "viacrucis" de ir por las oficinas solicitando certificados.

Este servicio conlleva en la actualidad costes directos e indirectos que suman los cerca de 450 millones de euros. Ante esta cifra, Candau ha opinado que si se aprueba la reforma, "no supondrá el mismo coste" y ha agregado que el "gran problema" va a ser la instalación y la brecha digital "evidente".

El decano presidente del Colegio de Registradores de España ha manifestado que se trata de "una Ley de Estado" que proviene de la época del ministro socialista Francisco Caamaño, por lo que ha pedido el "consenso" de los dos grandes partidos políticos.

EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD

En otro orden de cosas, se ha referido a la puesta en marcha del Plan Intensivo de Tramitación que busca atajar definitivamente el atraso equivalente a dos años y medio que sufre en estos momentos la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia.

"Con toda humildad, pero con todo realismo creo que es un éxito de la administración española", ha celebrado, al tiempo que ha asegurado que se han tramitado ya 400.000 de los 450.000 expedientes "que había depositados en los sótanos". También, ha puesto en valor la "cuestión humana" de estas personas que llevaban "años esperando su papel" y ahora tienen acceso "a la sanidad, la educación o a entrar y salir del país".

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