MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias sobre la contratación desde el Ayuntamiento de Madrid de un bufete privado para llevar la defensa del 'caso Madrid Arena' en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que el Consistorio madrileño está presente como responsable civil.
Así consta en un escrito notificado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sección de Enjuiciamiento de este tribunal económico da traslado a las partes de los escritos del denunciante y del Ayuntamiento de Madrid para que se pronuncien sobre la conveniencia de proceder a nombrar a un instructor para el desarrollo de las actuaciones.
En otro escrito fechado el 20 de febrero, al que también tuvo acceso Europa Press, el fiscal interesa que se proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un instructor para que practique las diligencias solicitadas.
El pasado 5 de febrero, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ayuntamiento de Madrid por contratar un bufete privado para la citada causa cuando consideran que se trata de un asesoramiento jurídico para la función pública.
El despacho jurídico del ex vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, lleva la defensa jurídica del Consistorio madrileño en este proceso judicial, a pesar de que "el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que cuenta con una asesoría jurídica formada por 78 personas", según manifestó la citada asociación en su denuncia.
LO AMPARA LA LEY
En un escrito en el marco de las diligencias, el Ayuntamiento de Madrid solicita que se inadmita la denuncia y asegura que en materia de representación y defensa de entidades locales, el artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, señala que la defensa la llevaran "los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda".
Añade que este precepto prevé "alternativamente la posibilidad de que un Ayuntamiento sea representado" por un letrado de sus servicios jurídicos, un abogado colegiado o un abogado del Estado".
Tras una Junta de Gobierno, el ex vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, explicó que se contrató a un bufete de abogados externo ya que la especialidad de los asesores jurídicos del Consistorio son "los procesos contenciosos, básicamente.
Precisamente por ello, el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Gallardo, pidió en la denuncia al Tribunal de Cuentas que se pronuncie acerca de si está "bien contabilizado el uso de caudales públicos".
La petición se produjo después de que el diario 'El Mundo' avanzara que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, había a contratar a un bufete privado para asesorarse en la investigación de lo sucedido la noche del 31 de octubre en el pabellón Madrid Arena.
"Nadie sabe cuánto dinero se han gastado en contratar a este bufete y si pagarán a otros despachos para tareas encomendadas a la asesoría jurídica del ayuntamiento. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento no están haciendo lo que tienen que hacer y se contrata a abogados privados para que lo hagan", señaló Gallardo a Europa Press cuando se conoció esta noticia.
Según Apedanica, "el decimonónico corporativismo profesional de los abogados explica que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España ciertos funcionarios públicos todavía puedan ejercer libremente como abogados sin límite ni control alguno, con varios cargos mercantiles en tantas empresas como deseen e incluso ser administradores concursales".
Añade que al mismo tiempo que un bufete privado puede ser contratado para asuntos penales del servicio de inteligencia y en este caso, también del Ayuntamiento de Madrid, "sin ningún control contable".
Por ello, solicitó al Tribunal de Cuentas que exija "la responsabilidad contable al Ayuntamiento de Madrid por los pagos, o compromisos de pago, asumidos con el bufete o los bufetes privados en los años en los que todavía puedan exigirse responsabilidades contables para su enjuiciamiento, interrumpiendo cualquier posible prescripción".
