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Pobreza y derecho; por Andrés Betancor, Catedrático de Derecho administrativo

12/03/2013
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El día 12 de marzo de 2013, se ha publicado en el diario Expansión, un artículo de Andrés Betancor en el cual analiza el Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universitat de Valencia del Profesor Santiago Muñoz Machado. El autor considera que, en su disertación sobre la pobreza y el Derecho, el Profesor Muñoz Machado trató un tema histórico de máxima actualidad.

Pobreza y derecho

Este es el título del Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universitat de Valencia del Profesor Santiago Muñoz Machado. La sesión tuvo lugar el pasado jueves, con la asistencia multitudinaria de académicos de distintas Universidades españolas. La laudatio corrió a cargo del Profesor Juan Mestre de esa misma Universidad. Una tarea que Mestre resolvió con inteligencia, tanto en castellano como en valenciano.

Muñoz Machado es uno de nuestros más brillantes especialistas de Derecho público de los últimos tiempos. Su obra extensa y lúcida abarca multitud de temas de su especialidad y también de las que no lo es, pero que con su buen hacer se convierte en pieza de obligada referencia.

No es una casualidad el que sea tanto académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como el que haya sido recientemente elegido académico de la Real Academia Española. Sus últimas publicaciones nos ofrecen un retrato de su inquietud y talla intelectuales: un ensayo biográfico dedicado a la figura, del siglo XVI, Juan Ginés de Sepúlveda, cronista del Emperador; y otro sobre la ingobernabilidad de España, Informe sobre España, el cual lleva por subtítulo toda una muestra de compromiso: “Repensar el Estado o destruirlo”.

La disertación del pasado jueves sobre la pobreza y el Derecho trató un tema histórico de máxima actualidad. El hilo conductor fue la figura del ilustre valenciano Luis Vives, humanista del siglo XVI, entre cuya obra más sobresaliente e influyente está, precisamente, De subventione pauperum, publicada en el año 1526.

El objeto central es el tratamiento de la pobreza. Cuando las ciudades de toda Europa estaban anegadas de pobres, quienes sólo tenían en la limosna el único recurso para sobrevivir, Vives se interrogó sobre qué es lo debía hacerse para afrontar semejante problema y, hacerlo, desde una perspectiva cristiana. La propuesta no pudo ser más revolucionaria: la municipalización de la asistencia social, según la terminología actual.

La conexión con el presente es evidente. No sólo la pobreza vuelve a mostrarse ante nuestros ojos con una crudeza y crueldad nunca antes vistas, sino que reaparece la cuestión de cómo gestionar adecuadamente los servicios sociales.

En la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de octubre de 2011, el 21,8 % de los hogares estaban por debajo del 60% de la renta media nacional y, por lo tanto, en situación de pobreza relativa; y 1.700.000 personas no percibían ingreso alguno. Éste es el retrato descarnado de la pobreza. Estamos muy lejos de la terrible situación del siglo XVI a la que se refería Vives.

Cada tiempo tiene su pobreza. Nuestro tiempo tiene la suya. Millones de personas sin trabajo y cientos de miles sin ingresos. El Estado del bienestar debe llevar a cabo una importante tarea pero, aún así, sigue siendo dramáticamente insuficiente.

Las palabras de Vives recuperan su actualidad: “En verdad es cosa vergonzosa para nosotros los cristianos, a quien ninguna cosa tanto se nos encarga como la caridad, y sólo ella creo que se nos encarga, consentir que entre nosotros haya a cada paso tantos pobres y mendigantes”.

La gestión de los servicios de atención a los pobres, objeto de regulación por el Derecho, retorna al centro de las preocupaciones ciudadanas. La propuesta de reforma del régimen local presentado por el Gobierno atribuye la titularidad y la gestión de estos servicios a las Comunidades Autónomas. Después de tantos siglos en manos municipales, la magnitud de la tarea aconseja que cambien de manos. Se buscan economías de escala en un contexto de racionalización del gasto. Es una propuesta sensata que no amenaza la continuidad del servicio. Al contrario, garantiza su continuidad e, incluso, su mejora.

Hay otra dimensión del Derecho no menos importante a la que se ha referido el académico Novales Cinca: “La lucha contra la pobreza requiere de una decidida actuación en tres áreas: 1) diseñando normas y políticas macroeconómicas adecuadas para impulsar el crecimiento; 2) impulsando la seguridad jurídica que posibilite el desarrollo económico, y 3) aliviando el efecto que sobre la desigualdad tiene el crecimiento mediante una mejoría en la igualdad de oportunidades”. El marco institucional y jurídico ocupa un lugar central. La lucha contra la pobreza es la lucha por el crecimiento económico y éste sólo es posible en el marco jurídico adecuado. La seguridad jurídica es pieza clave.

En nuestros días, una de sus principales amenazas es, precisamente, la corrupción. Cuando las decisiones de los poderes públicos son el fruto de la compra fraudulenta de las voluntades se está amenazando el crecimiento y la lucha contra la pobreza. No habrá crecimiento sólido y sostenible en el mar de la corrupción.

El Derecho y las instituciones encargadas de aplicarlo deben ser contundentes y ejemplarizantes. Atacan, de esta manera, una de las causas de la pobreza: la pobreza institucional induce a la pobreza social.

Santiago Muñoz Machado, con su extraordinaria brillantez, ha vuelto a tratar un tema de máxima actualidad para brindarnos propuestas importantes. No puedo dejar de reconocer mi orgullo y satisfacción porque un colega obtenga el reconocimiento social y académico que se merece por su importante labor.

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