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Conflicto en Justicia

Los jueces y fiscales internacionalizan el conflicto con Gallardón y denuncian el pacto PP-PSOE para "dominar" el CGPJ

12/03/2013
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Lamentan que el ministro no reforme la Ley del Indulto y no descartan convocar una nueva jornada de huelga

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Interasociativa de jueces y fiscales "internacionalizará" la situación de "conflicto" contra la gestión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y solicitará una entrevista con la comisaria europea de Justicia Viviane Reding para hacerla llegar el peligro sobre la independencia de los magistrados que se cierne con la futura reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las asociaciones judiciales han censurado el "pacto" alcanzado entre socialistas y 'populares' que les ha reconocido el propio Gallardón durante una reunión celebrada en la sede ministro. "Espero que el PSOE salga a la opinión pública a desmentir ese pacto. No se ponen de acuerdo en sanidad o educación, pero sí en relación con la dominación del Consejo General del Poder Judicial, lo cual hace un flaco favor al sistema democrático" han censurado.

El colectivo pretende iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hacer oír su posicionamiento crítico con lo que supone, a su juicio, el "mayor ataque a la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial" al debilitar el Consejo y desapoderarle de competencias como la selección de los jueces o los refuerzos de los juzgados. Temen que "criterios políticos" intervengan en la decisión del Gobierno sobre reforzar o no los órganos que instruyen causas de corrupción.

A la vista de la indiferencia que han recibido a sus demandas, los jueces discutirán nuevas medidas de protesta -entre las que no descartan otra huelga_ y trasladarán su preocupación sobre la independencia del Poder Judicial más allá de las fronteras españolas.

Pedirán una entrevista con Reding en España o en Bruselas para hacerle llegar un estudio en el que se refleja "una comparativa" sobre el grado de "democracia e independencia del Poder Judicial en España respecto al resto de países europeos", según ha señalado el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol.

VOCALES A TIEMPO COMPLETO

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha abogado por que todos los vocales sigan ejerciendo su cargo "a tiempo completo y sin simultanearlo" con sus funciones jurisdiccionales o el ejercicio de su profesión.

Defienden la elección de 12 vocales por los jueces, aunque no se muestran cerrados a este respecto siempre que la designación parlamentaria mantenga "una participación proporcionada" de las asociaciones. "El movimiento asociativo es importante porque es el interlocutor válido del Poder Ejecutivo", ha remachado Armengol.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han abordado con Gallardón sus proyectos legislativos y han exigido una mayor inversión pública en materia de Justicia, la derogación de las nuevas tasas o la reforma de la Ley del Indulto. Unas demandas planteadas en medio de "un diálogo amable y sin rencores retrospectivos" -en palabras del ministro_pero que no han encontrado ningún tipo de compromiso.

Así lo han explicado los interlocutores a su salida del encuentro cuando han agradecido la invitación, aunque han valorado que la reunión "no puede ser positiva porque el ministro no se ha comprometido a asumir ni una sola reivindicación".

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha lamentado la negativa del ministro a dar marcha atrás en la ley de tasas o en la ley que suprime los 1.200 jueces sustitutos. "El ministro también ha expresado que no se va a reformar la Ley del Indulto, por lo tanto seguirán produciéndose indultos abusivos o arbitrarios sin la menor motivación", ha remachado.

"No puede ser que todos nos equivoquemos, jueces, fiscales, abogados, funcionarios, usuarios", ha relatado Bosch, mientras que el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha criticado la "politización interesada" dirigida a impedir que los jueces "controlen la actividad política por vía de delitos de corrupción o cohecho".

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