SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez decide prorrogar un mes más el secreto parcial de las actuaciones atendiendo de este modo a la petición realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que solicitó dicha prórroga "con el fin de garantizar la eficacia de las líneas de investigación que tienen abiertas".
La Benemérita también pidió prorrogar el secreto ante "la existencia de indicios que vienen a poner de manifiesto la activa participación de distintas personas en los nuevos ilícitos penales investigados y en las operaciones de desvío de fondos procedentes" de la Junta "con fines legalmente distintos a aquellos para los que fueron concedidos, así como los presuntos beneficios que cada uno de los investigados hubieran podido obtener con dichas operaciones".
La Guardia Civil ha informado a la juez de que, en el marco de esta investigación, debe analizar la "ingente" documentación recibida de algunos organismos, el resto de cuentas bancarias requeridas y la documentación remitida por el propio Juzgado procedente del gabinete jurídico de la Junta, "compuesta por varios miles de folios".
La juez prorrogó el secreto argumentando "el estado actual de las investigaciones y los importantes avances realizados, que se verán plasmados en los correspondientes informes policiales, los cuales están pendientes de completar dada la complejidad y volumen de la documentación a analizar y la necesidad de examinar los datos e información obtenida en virtud del uso policial reservado para el que se les autorizó" por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, información "que guarda conexión con la presente causa".
La juez justifica la prórroga del secreto por el hecho, además, de que, "pese al tiempo transcurrido desde los anteriores requerimientos, no se ha obtenido información de determinadas entidades bancarias relativas a cuentas relevantes para la investigación", ya que serían las cuentas "a las que se habría producido el desvío de fondos procedentes de la Junta sin causa legal alguna que lo justifique".
EL OBJETIVO: "LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD DE LOS HECHOS"
La juez Ana Rosa Curra abunda en que la prórroga del secreto es "proporcional" por la "necesidad" de "salvaguardar" la presunción de inocencia de "las personas o empresas investigadas, que pueden formar o no parte del entramado".
Asimismo, añade la juez que "el conocimiento por las partes personadas y/o implicadas en el presente procedimiento podría provocar la pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, o dar lugar a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos, la determinación de la existencia de hechos punibles relacionados con aquellos por los que se siguen las presentes actuaciones y la determinación de sus autores".
La prórroga del secreto se produjo antes de que la magistrada Mercedes Alaya se reincorporara, este martes, al Juzgado, lo que motivará un nuevo reparto de los asuntos que instruye este órgano judicial, ya que la intención inicial de la juez es quedarse con la investigación de los ERE. No obstante, este reparto está a expensar de que tanto Ana Rosa Curra como Mercedes Alaya y el juez Rogelio Reyes se reúnan para abordar este asunto.
EL CASO DEL PRESUNTO 'TESTAFERRO'
Hay que recordar que el Juzgado acordó el día 3 de enero levantar el secreto total que pesaba sobre las actuaciones desde el mes de noviembre y, en su lugar, dictar el secreto parcial de las mismas --que ahora se prorroga-- a fin de cumplir dos objetivos, por un lado "dar el impulso procesal adecuado al resto de la causa evitando dilaciones", y, por otro, evitar "la destrucción de indicios o fuentes de prueba".
El secreto de las actuaciones fue solicitado en su día por la UCO a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
Dentro de esta investigación, el pasado día 15 de enero fue detenido e ingresó en prisión provisional Juan Francisco Algarín, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta.
