MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado sin fecha el juicio contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la compra de Aerolíneas Argentinas, que se iba a celebrar este 26 de febrero, por un error en una comisión rogatoria cursada por las autoridades del país sudamericano, informaron fuentes jurídicos.
A petición de una de las partes personadas en la causa, el titular del Juzgado Central Penal, José María Vázquez Honrubia, ha vuelto a cursar la comisión rogatoria a Argentina, al constatar que se encontraba mal cumplimentada.
El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo solicita dos años y cuatro meses de cárcel tanto para Díaz Ferrán como para el exconsejero delegado de Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata.
OPERACIÓN DE 2002
Se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas, que se produjo en 2002. En la causa también estaba acusado su antiguo socio en el grupo Marsans, Gonzalo Pascual, quien falleció en junio de 2012.
En su escrito de acusación, el fiscal pide que los acusados paguen un multa conjunta de 99,04 millones de euros por impago del Impuesto de Sociedades de 2002, derivado de la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet y Viajes Marsans.
Este será el primer juicio penal que afronta Díaz Ferrán en la Audiencia Nacional, que también está imputado en el marco de la 'operación Crucero', en la que se investiga si vació su patrimonio para no pagar a sus acreedores; y en la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de Marsans.
OPERACIÓN CON LA SEPI
En noviembre de 2000, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se hizo con el 99,2% de las acciones de Interinvest, sociedad domiciliada en Argentina, propietaria, a su vez, del 92,10% del capital de Aerolíneas Argentinas y del 90% de Austral, compañía aérea doméstica. Ambas arrastraban numerosas pérdidas.
El 2 de noviembre de 2001, la SEPI vendió sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. El contrato fue firmado por el entonces presidente de la SEPI, Ignacio Ruz-Jarabo, y por los tres acusados en nombre de Air Comet y las otras dos sociedades también accionistas de la aerolínea española.
En la estipulación novena del contrato, la SEPI asumía los pasivos de 300 millones de dólares (228,86 millones de euros) contraídos por Aerolíneas Argentinas y Austral. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas.
Con este dinero, los tres socios de Air Comet pagaron deudas por valor de 272,87 millones de dólares (207,357 millones de euros), créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas. Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la compañía española se considerara beneficio, por el que los acusados debían de haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades.
