MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Cinco asociaciones de jueces y fiscales han ratificado este lunes la convocatoria de huelga del próximo miércoles después de que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y el resto del Gobierno hayan sido "incapaces" de escuchar al colectivo y abrir "espacios de diálogo" para la búsqueda conjunta de soluciones a los "graves" problemas que afectan a la Administración de Justicia.
El Comité Nacional de Huelga, que integra a todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, ha dado cuenta en un comunicado de sus "intentos" de negociar con el responsable de Justicia y ha explicado que durante este tiempo han tratado de adoptar medidas que no supongan "quebranto alguno" para el ciudadano, como son concentraciones o paros de una hora.
Ante la "incapacidad" del ministro para "gestionar la crisis", las asociaciones han solicitado ser recibidas pro el presidente del Gobierno aunque no han obtenido respuesta. "Por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar esta jornada de huelga", remachan.
Entre sus reivindicaciones, figura el incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales para desempeñar sus labores, la paralización inmediata del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial por la que este órgano "pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia".
UN "GESTOR COMPETENTE"
"Pedimos al poder político que abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos", remarcan.
Piden además la derogación de la ley que suprime la práctica totalidad de los jueces y fiscales sustitutos hasta que se incremente la plantilla, la derogación o modificación urgente de la ley de tasas y la reforma de la ley del indulto porque "incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas".
"Los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado", destacan para lamentar que el ministro no haya adoptado ninguna iniciativa para desbloquear el conflicto pese a la voluntad de las asociaciones de desconvocar la huelga si se hubiera producido una "respuesta institucional suficiente
