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Filtraciones

Gallardón descarta la responsabilidad penal de los medios que divulgen sumarios secretos, pero no de los filtradores

19/02/2013
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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que la responsabilidad penal en la divulgación de sumarios declarados secretos debe afectar a quienes filtran esta documentación, pero no a los medios de comunicación que la difunden.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro ha explicado que los presidentes y miembros de la Comisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal harán el próximo lunes la "entrega formal" de sus trabajos. A partir de ese momento, su departamento elaborará su propuesta en el marco de un proceso "largo, complejo de diálogo y reflexión" para remitirla al Consejo de Ministros.

Tras participar en la firma del Plan de Actualización del Tribunal Supremo, Gallardón ha sido preguntado sobre la posibilidad de que el nuevo Código Procesal Penal incluya la inhabilitación cuatelar de cargos públicos y sobre la persecución penal de las filtraciones de los sumarios.

El ministro no se ha pronunciado sobre la primera cuestión, pero sí ha recordado que el Gobierno ya se ha pronunciado sobre las filtraciones de las causas judiciales. A su entender, debe respetarse el secreto de sumario y limitarse el tiempo por el "buen fin" de la investigación y para evitar "filtraciones".

"El criterio del Gobierno es que si se desvela el contenido del secreto del sumario, los responsables tienen que ser los que lo filtran, no los medios de comunicación que lo publiquen", ha indicado.

De este modo, ha hecho hincapié en que "la responsabilidad penal tiene que afectar a aquel que comete el delito puesto que, estando en posesión de un documento declarado secreto, lo ha puesto en conocimiento de terceras personas, pero no debe haber responsabilidad penal para quien publique ese documento".

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS ACUSADOS

En su opinión, el autor del ilícito penal es aquel que ha incumplido su obligación de custodiar el documento secreto. Gallardón se ha puesto a sí mismo como ejemplo para ilustrar que si revela las deliberaciones del Consejo de Ministros, será él el responsable.

"Tenemos que ser conscientes de que no se debe perjudicar nunca los derechos constitucionales de todos los que participan en un procedimiento, muy especialmente de quienes están acusados", ha concluido.

En el borrador del nuevo Código Procesal Penal, al que ha tenido acceso Europa Press, entregado en diciembre por una comisión de expertos al Ministerio de Justicia se fijaba un plazo máximo de doce meses para mantener secreta la investigación. El mayor periodo se refería a las investigaciones contra organizaciones o grupos organizados, y daba la posibidad de acordar de nuevo el secreto si surgían nuevos hechos o imputaciones.

La comisión institucional, que entregará el lunes su última propuesta al Ministerio, establecía que la causa podrá ser excepcionalmente declarada secreta, total o parcialmente, para el encausado y las demás partes personadas en el proceso cuando el conocimiento de su contenido suponga un "riesgo relevante" para el esclarecimiento del hecho, el aseguramiento de los medios de prueba o la protección de la víctima.

Según el texto, el Ministerio Fiscal declarará el secreto en un "decreto motivado", que no será susceptible de impugnación, y que deberá ser ratificado por el Tribunal de Garantías en el plazo de diez días en un auto, que podrá ser recurrido en apelación. En la actualidad, el juez puede declarar en un "auto" el secreto de las actuaciones durante un mes, aunque puede prorrogar de forma expresa este periodo.

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