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El poder del movimiento; por Violeta Assiego, abogada

18/02/2013
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El día 17 de febrero de 2013, se ha publicado en el diario El País, un artículo de Violeta Assiego, en el cual la autora opina que algo está cambiado en el actual contexto de recortes y casos de corrupción que propicia unas condiciones óptimas para que las acciones colectivas se tornen en movimientos sociales capaces de presionar a instituciones.

EL PODER DEL MOVIMIENTO

Casi un millón y medio de ciudadanos avalaron con su firma la Iniciativa Legislativa Popular que pedía una modificación de la ley hipotecaria, y que fue aprobada por unanimidad el pasado martes por el Congreso de los Diputados. Decisión con la que está de acuerdo el 87 % de los españoles, según un sondeo de Metroscopia. Traducido a número de electores, puede afirmarse que casi 30 millones de españoles, es decir, nueve de cada diez, ratifican la urgencia y la necesidad de las medidas que la Iniciativa Legislativa Popular propone: parar los desahucios, entregar la vivienda única y habitual para saldar la deuda hipotecaria y proporcionar a las personas que han hecho uso de la dación en pago un techo a través de un alquiler social cuya renta no supere el 30 % de sus ingresos. Aceptada la Iniciativa Legislativa Popular, queda saber cuál será el alcance de las medidas urgentes que recogerá el futuro Decreto Ley -para reforzar la protección a los deudores hipotecarios- que previsiblemente se aprobará en marzo. El debate creado y, sobre todo, la gravedad del problema evidencian que no serán suficientes medidas provisionales y coyunturales. En las diferentes comparecencias que tuvieron lugar en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso hace poco más de diez días, se puso de manifiesto la necesidad de una reforma a fondo de nuestra legislación hipotecaria, algo en lo que también coincide un 68 % de la población. El origen de este drama social no es el paro ni la crisis, que, en todo caso, lo han agrandado, el origen es nuestra regulación hipotecaria, que ha dado un trato desigual al acreedor y al deudor. Este último se ha visto abocado a una situación de total indefensión en la que, además de perder su propiedad, queda atrapado en una deuda de por vida difícil de saldar tal y como está configurado el actual sistema.

La tasa de morosidad de los créditos al comprador -el 3,63 %- no puede servir de baremo para medir el alcance de las medidas que deben adoptarse cuando en nuestro país la tasa de desempleo es del 26 % y un 10,5 % de los hogares tiene a todos sus miembros en el paro. El desempleo no es la causa del problema, pero sin empleo y con una regulación hipotecaria injusta el endeudamiento de las familias puede estar llevándolas a situaciones límite de necesidad que pueden y deben evitarse. Hacerlo no pondría en riesgo el sistema financiero, como así lo expresaron varios expertos ante la mencionada Comisión. Estos han sugerido medidas de calado, recogidas en el proyecto de ley de 193 páginas que está pendiente de ser debatido: el establecimiento de medidas preventivas que eviten el sobreendeudamiento y regulen tanto el plazo máximo del préstamo como el valor del mismo, la independencia de las tasadoras respecto a las entidades financieras, la renegociación forzosa de la deuda para que el crédito residual no pese de por vida en los hogares endeudados, una ley de segunda oportunidad para los deudores de buena fe y el obligado cumplimiento por parte de las entidades financieras del Código de Buenas Prácticas son solo algunas de las sensatas propuestas planteadas.

La autoría del logro épico de que el Congreso aprobase por unanimidad -y en el último momento- esta Iniciativa Legislativa Popular es algo de lo que no parecen tener duda los españoles: un 70 % atribuye la preocupación y el mérito a los movimientos ciudadanos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es la primera vez que una acción colectiva liderada por la sociedad civil concentra las fuerzas de diferentes actores -sociales, políticos y judiciales- en la defensa de un cambio legislativo que desafía los argumentos esgrimidos por la élite financiera para perpetuar el sistema. Paradójicamente, el contexto de crisis ha proporcionado unas condiciones objetivas para que arraigue una de las históricas reivindicaciones de las organizaciones sociales que -desde hace muchos años- venían denunciando los riesgos y abusos de un sistema hipotecario injusto. Sin ir más lejos, en el año 2011, entre las propuestas del 15M -aparentemente utópicas e inalcanzables entonces- se encontraba la de reformar la Ley Hipotecaria de modo que la entrega de la vivienda en caso de impago sirviese para cancelar la deuda.

Los problemas estructurales que provocan exclusión social ya estaban antes de que se iniciara la crisis. Muchas de las denuncias y las propuestas para solucionarlos, también, sin embargo, es ahora cuando la sociedad civil toma conciencia del poder de su voz y de la importancia de su presencia. Algo está cambiado en el actual contexto de recortes y casos de corrupción que propicia unas condiciones óptimas para que las acciones colectivas se tornen en movimientos sociales capaces de presionar a instituciones y de plantear desafíos legales impensables hace dos años. Existe una convicción generalizada de que sí se puede cuando lo reclamado y reivindicado es una cuestión de justicia y de solidaridad.

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