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Lucha contra la corrupción

El Congreso pide al CGPJ que el juez Ruz siga al frente de la investigación del 'caso Gürtel' aunque pierda la plaza

15/02/2013
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Insta al Consejo a evitar filtraciones que producen juicios paralelos y a pedir refuerzos en juzgados que instruyen causas de corrupción

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso de los Diputados ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que garantice que jueces que instruyen casos "de gran complejidad y trascendencia pública", como ocurre con el juez Pablo Ruz en la causa de la trama 'Gürtel', puedan continuar en el Juzgado, aunque sean de apoyo, si tuviera que cesar por razones orgánicamente establecidas.

Ésta es una de las propuestas de resolución que los grupos de la Izquierda Plural ha presentado a la Memoria del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente a 2011, que ha contado con el apoyo del Partido Popular. La iniciativa ha salido adelante con 317 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

El juez Pablo Ruz está actualmente al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que entre otros casos investiga la trama Gürtel y el 'caso Bárcenas, pero no es titular de la plaza, sino que tiene fecha de caducidad en septiembre.

Por ello, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) presentó esta propuesta de resolución en la que, sin citar al juez Ruz, aboga por mantener en sus funciones a aquellos jueces que en la actualidad instruyen casos de gran complejidad y trascendencia pública (como los relacionados a tramas de corrupción política) aunque tuvieran que cesar por las razones orgánicamente establecidas.

Su portavoz en el área de Justicia, Gaspar Llamazares, ha advertido de la "alarma social" que deriva en la percepción de los ciudadanos en que "la Justicia no trata igual a todos los colectivos y ciudadanos". "Consideran que con la corrupción en España no hay Justicia: o bien no se juzga, se juzga tarde o queda impune", ha dicho.

"El envenenamiento de la democracia es una preocupación de los ciudadanos y tiene mucho que ver con la corrupción. Es el veneno de la política y de nuestro sistema democrático. Nada sería peor que los ciudadanos dedujeran que la corrupción está institucionalizada", ha remachado.

FILTRACIONES DE LAS CAUSAS JUDICIALES

La propuesta que ha logrado la unanimidad de todos los grupos parlamentarios ha sido la pactada entre CiU y el PP por la que es pide al órgano de gobierno de los jueces realizar, en el ámbito de sus competencias, todas las actuaciones necesarias para evitar las filtraciones de los procesos, que pueden dar lugar a juicios paralelos.

La Cámara Baja también ha dado luz verde a la propuesta de resolución del PSOE, enmendada por el PP, que emplaza al Consejo del Poder Judicial a solicitar las medidas de refuerzo que precisen los juzgados que investigan delitos vinculados a la corrupción y que, por su complejidad y entidad, exijan una "dedicación extraordinaria".

De esta forma, se asegurará que la acción de los tribunales cumpla su función constitucional con la "máxima" eficacia y sea así lo más rápida posible a la hora de esclarecer los hechos y atribuir las responsabilidades que procedan.

Para el PSOE, la dotación de medios personales y materiales en estos órganos judiciales es imprescindible para combatir estos ilícitos. En esta línea, el diputado Álex Sáez ha propuesto la creación de una oficina Anticorrupción para evaluar el comportamiento de políticos y funcionarios que participen en la contratación de las empresas públicas y concentrar las investigaciones judiciales en la Audiencia Nacional.

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha centrado su discurso en la exigencia de extender la "transparencia y la democracia" a todos los órganos judiciales para garantizar la independencia de la Justicia.

Tanto la diputada de CiU, Mercé Pigem, como el parlamentario del PNV, Emilio Olabarría, han reconocido la delantera que están tomando los magistrados en la defensa de problemas tan trascendentes como los desahucios, las preferentes o la lucha contra la corrupción.

"Sería muy triste que los jueces se adelanten a los demás poderes del Estado porque significaría un fracaso de la actividad política como tal", ha dicho Olabarría, mientras que la diputada catalana ha advertido de la sensación de impunidad que rodea los delitos de corrupción.

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