SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, como es sabido, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, cuya administración habría eludido la preceptiva fiscalización según las diligencias judiciales.
LA TRAMA DE LOS ERE
Porque mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L en concepto de ayudas directas a empresas o ayudas socio laborales para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Esta fórmula, según la investigación, sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría servido para canalizar los fondos públicos de manera presuntamente arbitraria.
Dentro de las diligencias, figura el caso del exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, imputado por haber percibido 491.424,43 euros a través de una póliza de rentas de supervivencia y pólizas de capital diferido de las que fue tomadora la Consejería de Empleo y cuya formalización derivaría de la mediación de quien fuera jefe de Gómez Romón en la empresa 'Cenforpre'.
PETICIÓN DE SOBRESEÍMIENTO
Según las diligencias judiciales, Gómez Romón habría percibido estas cantidades, supuestamente "a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas". La defensa del exfutbolista, según han informado fuentes del caso, solicitó el pasado verano que se levantase la imputación que pesa sobre él bajo la premisa de que no media ningún vínculo que le relacione con los diversos ex cargos públicos imputados en las diligencias, defiendo además que la propia administración andaluza "decidió pagar así", con este método, a Gómez Romón.
No obstante, y a través de un reciente auto, la juez Ana Rosa Curra, que sustituye a la juez Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número seis, ha denegado esta petición.
