MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
En su escrito, de una veintena de páginas, la asociación mayoritaria de jueces critica que el Anteproyecto mantenga una elección política de los 12 vocales de procedencia judicial "sin pasar siquiera por una preselección de los candidatos que cuentan con mayor respaldo en la judicatura".
Asimismo, lamentan que se prescinda de un número significativo de vocales para el desarrollo de las funciones que les atribuye la constitución, reconociéndoles exclusivamente una participación residual.
Otro aspecto que critican es que se obligue a que la mayor parte de los vocales -excepto los 6 que formarán parte de la Comisión Permanente- desempeñen al tiempo funciones profesionales.
ABOGADOS SANCIONANDO A JUECES
Considera la APM que ello debilitará su capacidad para profundizar en la tarea de gobierno y advierte que derivará además en incompatibilidades, pues los vocales que ejerzan la abogacía podrán además decidir expedientes disciplinarios contra algunos jueces o promover el nombramiento y ascenso de otros.
Sobre la rotación prevista entre los vocales de la Comisión Permanente, los jueces de la APM sostienen que "se traducirá en una permanente renovación miembros y debilitará la capacidad de conocimiento, gobierno y control de estas comisiones".
Señalan también que las previsiones contenidas en el proyecto supondrán una alteración de las proporciones que impone la Constitución entre vocales de procedencia judicial y no judicial" y añade a estas críticas la disminución de funciones para el Consejo en aspectos como la regulación del Estatuto de los Jueces.
También critica que se prescinda de jueces y magistrados que actualmente desempeñan las jefaturas de Servicio del Consejo General y se atribuya el conocimiento de los expedientes sancionadores a un grupo de vocales, los que integrarán la Comisión Disciplinaria, "restringido e inmutable".
Tampoco ve con buenos ojos la asociación conservadora que se subordine la actividad internacional del Consejo al Ministerio de Asuntos Exteriores y que se disminuyan los casos en los que el órgano de gobierno de los jueces habrá informar sobre las reformas legislativas.
