SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
Así lo ordena por medio de un auto la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que fue destinada como refuerzo al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos ante la prolongada baja por enfermedad de la titular, la magistrada Mercedes Alaya, cuyo último parte de baja cumple este próximo jueves.
Hay que recordar que el Juzgado acordó el día 3 de enero levantar el secreto total que pesaba sobre las actuaciones desde el mes de noviembre y, en su lugar, dictar el secreto parcial de las mismas --que ahora se prorroga-- a fin de cumplir dos objetivos, por un lado "dar el impulso procesal adecuado al resto de la causa evitando dilaciones", y, por otro, evitar "la destrucción de indicios o fuentes de prueba".
El secreto de las actuaciones fue solicitado en su día por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
Dentro de esta investigación, el pasado día 15 de enero fue detenido e ingresó en prisión provisional Juan Francisco Algarín, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta.
Y es que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros, según los datos que maneja la UCO de la Guardia Civil.
Tras ser detenido, declaró ante los agentes de la UCO que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo".
Asimismo, puso de manifiesto que el dinero en Mercasevilla se lo entregaban el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira, ambos procesados y enjuiciados por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo, aunque Pereira fue finalmente absuelta.
COHECHO, BLANQUEO, FALSEDAD DOCUMENTAL....
De igual modo, el imputado aseguró que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José Albarracín, que fuera director general de la mediadora Vitalia.
Por otro lado, el sexto teniente de alcalde y presidente de la sociedad gestora del mercado central de abastos, Gregorio Serrano, anunció que Mercasevilla elevará al Juzgado varias facturas cargadas al mercado central por Algarín, ya que no median "albaranes de entrega" del material en cuestión y podría tratarse de "facturas falsas por materiales que nunca llegaron a Mercasevilla".
Serrano explicó que una "investigación interna" promovida en el seno de la sociedad gestora del mercado central ha puesto de relieve la existencia de varias facturas, --al menos cinco--, fechadas entre 2004 y 2005 y relativas al suministro de materiales de "pintura y revestimientos" valorados en aproximadamente 300.000 euros que Juan Francisco Algarín cargó a Mercasevilla y que, en efecto, "pagó" la sociedad gestora del mercado central.
Según subrayó Serrano, con relación a estas facturas "no existen albaranes de entrega" del material en cuestión y, tras una consulta con los técnicos de Mercasevilla, "nadie conoce semejante compra". Al respecto, Serrano aseguró que el material aludido en las facturas correspondería a cerca de "100.000 kilos" de pintura, lo bastante como para que hiciesen falta "cuatro camiones trailer" para transportarla hasta Mercasevilla, donde por cierto "no se ha pintado nada".
