OVIEDO, 31 (EUROPA PRESS)
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha comunicado a las partes, que ha admitido a trámite una querella interpuesta por el sargento de la Policía Local de Cudillero Prudencia Iván Flores María y otros, contra el diputado regional del PSOE, Francisco González Menéndez y otros, por los presuntos delitos de cohecho o exacciones ilegales, acusación y denuncia falsa y falso testimonio.
La admisión de la querella supone que, ateniéndose exclusivamente a los hechos que se relatan, éstos podrían ser constitutivos de delito. A partir de este momento se abre el correspondiente proceso penal que, en fase de Instrucción, tratará de comprobar la realidad de los hechos objeto de la querella y, en su caso, depurar las consecuentes responsabilidades penales.
DOS NUEVAS QUERELLAS
El TSJA informa asimismo que ha recibido procedente del Juzgado de Pravia otras dos querellas por prevaricación contra el mismo diputado regional, que han sido remitidas ya al Ministerio Fiscal para que informe sobre su admisión, procedimiento y competencia.
El TSJA comunica además que todas las querellas están relacionadas con la actividad de Francisco González Menéndez como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cudillero.*
Según los hechos objeto de la querella, el diputado regional socialista imputado Francisco González Menéndez, que era alcalde de Cudillero, en colaboración con la Concejal María Venera Prendes García "han montado una red clientelar en la que obtienen fondos ilegales, por medio de cobros a los hosteleros de Cudillero a cambio del servicio de vigilancia de sus establecimientos por la Policía Local de Cudillero. Tales cobros se extienden también a asociaciones de festejos diversas, y por lo que se ve a empresas de todo tipo".
El escrito del TSJA recoge, según la denuncia, que tras la toma de posesión del querellante Prudencio Iván Florez María como Sargento de la Policía Local y advertir que dichos pagos eran ilegales, debiendo cobrarse como horas extras del Ayuntamiento y no "como pago en "b", en mano o dinero negro". El Alcalde "urdió una falsa imputación de cohecho para apartarlo del cuerpo y seguir con su red clientelar".
Los querellados, María de los Ángeles Rodríguez Olaizola y Angel María Garay García, que eran Auxiliares de la Policía Local, "declarararon en falso en procedimiento administrativo primero, y en procedimiento judicial después, manifestando que el sargento, el querellante Iván les había informado que iba a pedir dinero a una Comisión de Festejos para pagar a los Policías.
Igualmente declararon en el Juzgado que nunca habían cobrado por esos servicios, al tiempo que determinados policías salieron en prensa afirmando que jamás habían existido pagos, cuando lo cierto es que existían pagos, cobros, recibos de todo tipo, listados de pagos, solicitudes de pagos por escrito, en suma todo una trama organizada para dichos cobros y pagos; en la que siguiendo indicaciones de los Concejales, los hosteleros y titulares de chiringuitos y sociedades de festejos pagaban en el ayuntamiento las "horas extras de los policías", quienes las cobraban regularmente".
COBROS ILEGALES
También se afirma en la querella que "el hecho cierto como prueban los documentos que se acompañan, en Cudillero se viene cobrando desde siempre a los hosteleros y asociaciones de festejos por los servicios de policía comisiones ilegales, que son controladas por el alcalde querellado y ejecutadas por la Concejal querellada, con la connivencia absoluta de los antiguaos jefes de policía que amparaban y colaboraban en el reparto de los fondos de la trama.
En concreto Juan C. y Santiago F. M., son los Jefes de policía implicados y sin cuya colaboración no hubiera sido posible llevar a cabo los hechos".
Y sigue relatando que "esta trama es obviamente ilegal, amen de mafiosa, y mantiene el Concejo en una situación de absoluta ilegalidad que abarca, según prueba la cuenta corriente que referimos, no solo al ámbito de la seguridad, sino según parece a todas las empresas que contratan con el Ayuntamiento".
La denuncia sostiene que "estos hechos se llevan a cabo con total impunidad, expidiendo recibos, efectuando ingresos en cuentas del Ayuntamiento y en cuentas paralelas, en suma manejando la cosa publica como si de un negocio privado del alcalde y sus concejales se tratase. Obligando a los hosteleros y vecinos de la comarca a pagar las cantidades que el alcalde determina para que lo que el decide, policía, autobuses, chiringuitos, y quien sabe que otros inconfesables negocios".
