MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Los secretarios judiciales consultados por Europa Press han tenido en cuenta a la hora de hacer sus cálculos que los ingresos en concepto de tasas rondan los 800.000 euros diarios. "Como consecuencia de los 16 días en que no pudo --por falta de previsión-- liquidarse la citada tasa, ello supondría la pérdida del abono para las arcas públicas de alrededor de los 12 millones de euros en el periodo indicado", explican.
La media diaria, aseguran, se ha calculado sobre un promedio de 235 días anuales de trabajo por cada secretario judicial, descontando sábados y domingos por ser inhábiles a efectos procesales, y cinco semanas al año por vacaciones reglamentarias y licencias particulares.
En su análisis, han examinado la recaudación líquida de unos 174.446.000 euros que la Administración obtuvo por vía de tasas judiciales en 2010 y la de 166.569.000 euros registrada en 2011, según datos del Ministerio de Hacienda. El Gobierno estima que la aplicación de las nuevas tasas podría elevar esta cifra a cerca de 300 millones de euros.
La Administración dejó de recaudar en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre y el 14 de diciembre cuando la nueva ley derogó la anterior norma, que afectaba a grandes empresas, pero todavía no se aplicó por la falta de la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que debía regular los formularios de autoliquidación.
INCLUSIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y EL ORDEN SOCIAL
Según los fedatarios públicos, la ampliación del ámbito de las tasas supone un aumento de su carga de trabajo al ser los responsables del examen de la correcta liquidación cuando el litigante presenta su demanda.
Pero además constituye un "mecanismo de mayores ingresos financieros" para la Administración de Justicia al incluir el orden Social y a todas las personas físicas, que con la anterior ley estaban exentas del pago de estos gravámenes.
La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y que los ciudadanos paguen por primera vez en el orden Social y afronten un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa, unas cantidades a las que habría que sumar una cuantía variable según el objeto del litigio.
