MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Pablo Ruz que tome declaración en calidad de testigo a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, por las supuestas cuentas en el extranjero que tendría la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol i Soley.
En un auto notificado este martes, el tribunal admite el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, deja sin efecto el auto por el que el juez Ruz envió esta denuncia al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid y le ordena que "le tome declaración sin perjuicio de la libertad de criterio del instructor en torno al ulterior destino de las diligencias".
El tribunal sostiene que "los datos ofrecidos" por Álvarez ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, "sean escasos o no, y aún no hallándose sustentados en otros elementos fácticos de alguna enjundia que al presente lo corroboren, son significativos de obvias imputaciones delictivas al señor Pujol Ferrusola y a miembros de su familia".
LA DECLARACIÓN ES "IMPRESCINDIBLE"
A juicio del tribunal, la declaración "ratificadora y ampliatoria" de María Victoria Álvarez ante el juez Ruz "puede determinar tanto la procedencia de la continuación de las diligencias penales incoadas cuanto el desvanecimiento de la significación penal de los hechos denunciados".
"Es imprescindible un inicial mínimo acto de instrucción judicial, cual es una declaración ratificadora y ampliatoria de la prestada en sede policial por la Sra. Álvarez Martín, que pueda eliminar el palmario carácter difuso de los hechos denunciados tal como se relatan", señala la resolución judicial.
Los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Guillermo Ruiz Polanco (ponente) y Ángeles Barreiro, recuerdan que en el momento actual "no se ha practicado diligencia de investigación policial alguna", por lo que el tribunal debe atenerse a los datos "manifiestamente insuficientes e inconcretos" contenidos en la denuncia, que ha de ratificarse o ampliarse "en sede judicial".
De igual modo, consideran que los hechos, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción en su recurso, podrían sustanciarse en supuestos delitos de blanqueo de capitales y/o contra la Hacienda Pública", cuya investigación correspondería asumir a este tribunal
MOCHILAS CON DINERO
Álvarez denunció en dependencias policiales la existencia de viajes realizados por éste a Andorra portando una mochila con gran cantidad de dinero en billetes de 500 euros, así como a la realización viajes a México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.
En esta última ciudad, según la exnovia de Pujol Ferrusola, su entonces compañero mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que "les llevaba muchos negocios a su familia". La mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el que rechazó investigar, por falta de competencia, tanto la denuncia de Álvarez como la del financiero Javier de la Rosa, que aseguró estar sufriendo amenazas por disponer de información sobre el patrimonio de los Pujol.
DOS DENUNCIAS ANTERIORES
El magistrado se inhibió de estas diligencias después de que la Fiscalía alegara la falta de relación de los hechos denunciados con los que aparecían expuestos en una querella y una denuncia sobre estos mismos hechos presentados anteriormente por el abogado Joaquín Yvancos y el sindicato Manos Limpias.
La acción judicial intervenida por este colectivo se dirigía contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola; y sus hijos Jordi y Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias. Además, Yvancos incluía en su querella al presidente de la Generalitat, Artur Mas; su consejero de Interior, Felip Puig; y al empresario Carlos Riva.
Ruz argumentaba en su auto que las declaraciones de De la Rosa, realizadas en dependencias policiales el pasado 5 de diciembre, amplían las que dieron origen a unas diligencias incoadas por el Juzgado Número 43 de Madrid por presuntos delitos de amenazas y coacciones, sobre los que la Audiencia
