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Más abogacía, mejor sociedad; por Antonio Hernández Gil

14/01/2013
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El día 14 de enero de 2013, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Antonio Hernández Gil, en el cual el autor afirma que si a la sociedad civil le corresponde un papel esencial a la hora de dibujar el nuevo “Atlas de un mundo difícil”, para buscar en él la salida del laberinto en que malvivimos los abogados tienen que ser cartógrafos de ese atlas.

MÁS ABOGACÍA, MEJOR SOCIEDAD

“Si a la sociedad civil le corresponde un papel esencial a la hora de dibujar el nuevo “Atlas de un mundo difícil”, para buscar en él la salida del laberinto en que malvivimos, utilizando el verso de Adrienne Rich, los abogados tenemos que ser cartógrafos

Los abogados vivimos, en general, tan pendientes del trabajo diario que no alzamos lo suficiente nuestra voz hacia esta sociedad herida por las desigualdades. Seguramente puede decirse lo mismo de otras actividades, pero pocos profesionales tendrán mayor responsabilidad en el silencio, por nuestra capacidad para afrontar los problemas de la convivencia, por nuestro compromiso natural con las víctimas y por el privilegio de utilizar los derechos del hombre como herramienta de trabajo.

Hoy la abogacía vive una tensión dialéctica entre dos polos: el de ser una actividad económica sometida al principio de la libre competencia, con prestadores de servicios cada vez más organizados y orientados a dar respuesta a las necesidades del mercado; y el de ser también una profesión al servicio de la sociedad y de la justicia. Ya cuando en 1794 una Real Orden de Carlos IV acordó reducir el número de abogados de Madrid decía que el de doscientos “sería suficiente para el servicio público”. Estábamos en plena Ilustración, bajo la influencia de la Revolución que, en Francia, suprimió la Orden de los Abogados y sustituyó el nombre de abogado por el de hombredeley, que no debía formar orden ni corporación. Los abogados, que no renegamos de nuestro nombre, siempre hemos sido tan incómodos para el poder como necesarios para la sociedad.

En contacto permanente con los valores superiores del ordenamiento jurídico (libertad, igualdad, justicia, pluralismo político), los abogados tenemos obligaciones no sólo frente al cliente sino frente a la sociedad en toda intervención profesional y más allá también del trabajo remunerado. La responsabilidadsocial es inherente a nuestra profesión. En un entorno de economía de mercado y competencia, ejercemos una profesiónconalma, llamada a liderar la búsqueda de la paz social, afilando y rediseñando nuestras armas: las instituciones, las normas interpretadas de acuerdo a la realidad social del tiempo de su aplicación; la palabra y la equidad. Ante todo, nunca hay que abandonar la lucha por el derecho de defensa y los derechos humanos. Son derechos comprometidos en todas partes; no sólo en esas extensas áreas geográficas del sur donde predomina el no-derecho, la no-libertad y la no-democracia, la desigualdad y la violencia. Son derechos en riesgo también en la vieja Europa de Cicerón, Moro, Vitoria, Montaigne, Voltaire y Kant; o en esta nueva Europa sin referentes.

Aquí, donde vivimos con las manos primorosamente lavadas para ejecutar las sentencias pulsando la tecla de un ordenador, con o sin un abogado al lado del desahuciado. Aquí donde un juez y unos fiscales garantes de las libertades públicas pueden entretenerse escuchando las conversaciones entre abogados y clientes grabadas en el aislamiento supuestamente blindado del locutorio de una prisión, para decidir luego si esas conversaciones afectaban a la estrategia de la defensa o eran útiles para la instrucción y borrar unas u otras siguiendo su fino olfato de observadores privilegiados de un sumario que solo ellos conocían porque lo habían declarado secreto. Son demasiados los que siguen aplaudiendo la ocurrencia después de que los tribunales hayan depurado el atentado más grave contra el derecho de defensa de las últimas décadas. Aquí, donde desandamos el camino hacia una justicia igual para todos al imponer, al hilo de recortes indiscriminados, unas tasas judiciales incongruentes con la cuantía del asunto litigioso y con la capacidad económica del ciudadano obligado a formular una demanda o un recurso, que ahora tal vez no pueda hacerlo, pero mejor porque seguro que así se aliviará el colapso de la justicia, dicen. Donde no sabemos valorar un servicio público esencial como el del turno de oficio, del que la sociedad sólo percibe la incapacidad de las administraciones públicas para atender sus obligaciones legales de pago, poniendo en riesgo de quiebra el sistema, y las quejas justas de unos abogados maltratados que, pese a ello, llevan a cabo diligentemente una prestación profesional de primera calidad, la única puerta abierta a la justicia para centenares de miles de ciudadanos sin recursos. O donde creamos una suerte de derecho casi penal sin garantías con el hacinamiento de inmigrantes irregulares en centros de internamiento para expulsarlos a no importa dónde con la asistencia, en el mejor de los casos, de un abogado de oficio enfrentado a una tarea muy superior a las posibilidades reales de la defensa. No tratamos igual las inversiones extranjeras, ni el dinero inmigrado gracias a una vergonzante amnistía fiscal.

El derecho de defensa no está en su mejor momento: es, como suelo decir, un derecho lento que dilata y encarece los procesos en tiempos en que priman la eficacia y la economía sobre la justicia. Los abogados sabemos que basta un resquicio para que el Estado de derecho se vaya por el sumidero y que el derecho de defensa es la válvula de seguridad de todos los demás derechos. El andamiaje de nuestra Constitución está agrietándose, aunque sería injusto interpretar en clave local un problema global que afecta a tantos países. Empieza a caminar al revés el “progreso” de la historia que, hacia 1784, explicaba Kant en sus Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, y que debía conducir a una constitución perfecta para un Estado universal. Asistimos a una regresión de valores que hasta el siglo XX parecían sólo avanzar; un proceso que requiere de un pulso más firme en la definición de los derechos del hombre y en la asignación de sus contrapartidas: los deberes y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad. Nuestro entramado institucional sigue siendo, básicamente, el surgido del Estado moderno tras la Revolución Francesa; y, en materia de derechos humanos, el de las Declaraciones de Derechos de Naciones Unidas luego de la segunda guerra mundial. Son herramientas muy viejas, inadecuadas para dar cuenta de la sed de derecho de esta era de la globalización. “Somos como viajeros navegando por un territorio desconocido con la ayuda de viejos mapas, dibujados en un tiempo diferente y para responder a otras necesidades”, afirma Seyla Benhabib, heredera del cosmopolitismo kantiano, en Los derechos de los otros.

Decía Clemenceau que la guerra es algo demasiado serio para dejarla en manos de los generales. Hace poco leía la obra de un no jurista, David K. Shipler, sobre “Los derechos de los pueblos: cómo nuestra búsqueda de la seguridad invade nuestras libertades”. Shipler piensa en Estados Unidos tras el 11 de septiembre y, parafraseando a Clemenceau, sostiene que el derecho es demasiado importante para dejarlo en manos de los abogados. Se me ocurren muchos comentarios, incluso aparentemente contradictorios: que el derecho y la justicia no están lamentablemente en manos de los abogados; o que los abogados tenemos muchomásquehacer por el derecho y la justicia. Ambas cosas son ciertas.

El derecho tal vez sea demasiado importante para dejarlo en manos de los abogados, porque es cosa de todos. Pero a los abogados nos toca aplicarlo, criticarlo y mejorarlo en el interés público de la justicia. En mi tiempo de decano he podido comprobar la sincera voluntad de cooperación de todos los que integramos el complejo sistema de la administración de justicia. También las dificultades que tenemos para hacernos oír. Este debería ser el mensaje cuando vemos debilitarse el espíritu de nuestra Constitución: que entre todos los juristas alcemos la voz del derecho y sepamos modular nuestras reflexiones comprometidas, desde la pluralidad y el respeto, a fin de lograr esa sociedad más lúcida, más solidaria y más justa que todos -más quienes menos tienen- nos merecemos. Si a la sociedad civil le corresponde un papel esencial a la hora de dibujar el nuevo “Atlas de un mundo difícil”, para buscar en él la salida del laberinto en que malvivimos, utilizando el verso de Adrienne Rich, los abogados tenemos que ser cartógrafos de ese atlas. Hagámoslo antes de que sea tarde.

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