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El fiscal recurre el auto de Ruz y pide que la expareja del hijo de Pujol declare en la Audiencia Nacional

10/01/2013
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La Sala de lo Penal revisará la decisión del magistrado de enviar las denuncias ante la UDEF a la juez de Madrid Coro Cillán

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el que rechazó investigar, por falta de competencia, las denuncias sobre las supuestas cuentas en el extranjero de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y ha pedido que interrogue a la expareja de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, antes de definir qué juzgado debe asumir estas diligencias, informaron fuentes jurídicas.

El Ministerio Público ha presentado este miércoles un recurso de apelación para que la Sala de lo Penal revise la decisión del juez instructor, que envió las diligencias el pasado 28 de diciembre al Juzgado número 43 de Madrid, que dirige la juez Coro Cillán.

Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional por el financiero Javier de la Rosa, que aseguró estar sufriendo amenazas por disponer de información sobre el patrimonio de los Pujol, y la expareja de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez Martín. La UDEF mandó la denuncia de De la Rosa tanto al juzgado de Madrid como a la Audiencia Nacional.

El recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que será estudiado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal sin pasar por el trámite de reforma ante el juez instructor, sostiene que antes de definirse sobre la competencia Ruz debería tomar declaración a Álvarez Martín.

DOS DENUNCIAS ANTERIORES

El magistrado se inhibió de estas diligencias después de que la Fiscalía alegara la falta de relación de los hechos denunciados con los que aparecían expuestos en una querella y una denuncia sobre estos mismos hechos presentados anteriormente por el abogado Joaquín Yvancos y el sindicato Manos Limpias.

La acción judicial intervenida por este colectivo se dirigía contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola; y sus hijos Jordi y Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias. Además, Yvancos incluía en su querella al presidente de la Generalitat, Artur Mas; su consejero de Interior, Felip Puig; y al empresario Carlos Riva.

Ruz argumentaba en su auto que las declaraciones de De la Rosa, realizadas en dependencias policiales el pasado 5 de diciembre, amplían las que dieron origen a unas diligencias incoadas por el Juzgado Número 43 de Madrid por presuntos delitos de amenazas y coacciones, sobre los que la Audiencia Nacional no es competente.

DECLARACIÓN DE LA EXNOVIA

El magistrado también se refería a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción instando la declaración de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, quien denunció en dependencias policiales la existencia de viajes realizados por éste a Andorra portando una mochila con gran cantidad de dinero en billetes de 500 euros, así como a la realización viajes a México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.

En esta última ciudad, según Álvarez, se mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que, según su exnovio, "les llevaba muchos negocios a su familia". Esta mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol hijo realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.

Sobre esta declaraciones, Ruz señalaba que no aparecen acompañadas por informe alguno de la Unidad Policial Actuante, que es la UDEF, "que tampoco ha practicado gestión alguna para verificar los extremos objeto de la declaración prestada". Añadía también que la propia Fiscalía subrayaba que Victoria Álvarez expuso ante la Policía "presuntos malos tratos físicos y psicológicos" cuya autoría atribuyó a su exnovio.

DATOS INSUFICIENTES DE LA EXPAREJA

Ruz coincidía con la Fiscalía en que los datos aportados por la mujer "resultan manifiestamente insuficientes e inconcretos par iniciar una mínima investigación criminal", aunque rechazó tomarle declaración porque, en todo caso, no se trataría de delitos competencia de la Audiencia Nacional.

Los hechos, según explicaba, no son de su competencia porque no se desprende que sean constitutivos de una defraudación "que produzca o pueda producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".

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