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Justicia y el fiscal anticorrupción frenan el archivo del ‘caso Gürtel’

31/12/2012
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Cuatro años después del estallido del caso Gürtel,una trama de corrupción masiva vinculada a más de una decena de Gobiernos del PP y numerosos dirigentes de ese partido político, entre ellos su extesorero nacional, los abogados de los principales imputados —hay más de 70 implicados en toda la causa— intentan el sobreseimiento de la misma.

EL PAÍS

Los abogados se basan en las escuchas a los corruptos en la cárcel que ordenó el juez Baltasar Garzón, prorrogó el juez Antonio Pedreira, y los tribunales consideraron nulas un año después por vulnerar el derecho de defensa, dado que en muchos casos hablaban con sus letrados. Esa prueba nula, según los defensores del archivo del caso, contamina todas las demás pruebas en las que se sujeta la acusación.

Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye ahora la parte principal de esta causa, rechazó el pasado 17 de diciembre un nuevo recurso del abogado Ignacio Peláez pidiendo el sobreseimiento para su defendido, el empresario José Luis Ulibarri, imputado por delitos fiscales relacionados con la trama corrupta.

El cierre fue pedido por el abogado que denunció a Garzón ante el Supremo

Este empresario logró, por ejemplo, una adjudicación de terrenos en Boadilla del Monte, municipio madrileño gobernado por el PP, a cambio supuestamente del pago de una comisión ilegal de tres millones de euros.

El abogado Peláez fue grabado en la cárcel cuando habló con el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa. Por este motivo, se querelló contra el juez Baltasar Garzón, al entender que había ordenado unas escuchas ilegales que vulneraban el derecho de defensa. La querella acabó con la condena en el Tribunal Supremo a Garzón por prevaricación, lo que causó su expulsión de la carrera judicial.

Desde entonces, Peláez intenta en la Audiencia Nacional que se archive la causa contra su defendido, el empresario Ulibarri, argumentando, entre otras cuestiones, que las pruebas conseguidas contra él “son nulas y están viciadas por la forma en que se obtuvieron”.

Argumenta que las pruebas contra su defendido son nulas

Si la Audiencia Nacional aceptara el motivo de nulidad que alega el abogado Peláez, no solamente quedaría exculpado su defendido sino muchos otros y el caso Gürtel perdería todo el fundamento, pues en aquellas conversaciones de la cárcel, grabadas a partir del 18 de febrero de 2009, los jefes de la trama corrupta se referían a decenas de personas que están imputadas y sobre las que pesan numerosos indicios de delito.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, remitieron a mediados de diciembre sendos escritos al juez Ruz donde fundamentan su rechazo al sobreseimiento solicitado. “El alcance de la nulidad de esas pruebas”, esgrime el abogado del Estado Edmundo Bal Francés, “ha quedado ya determinado en esta causa penal y afecta a un mínimo acervo indiciario incriminatorio que ha sido separado de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los indicios racionales de criminalidad que se le imputan [al empresario Ulibarri] no traen causa de aquellas pruebas declaradas nulas”.

En los 13 días entre las detenciones y las escuchas se tomaron muchas pruebas

“Resulta imposible una proyección de la nulidad hacia atrás”, señala por su parte el escrito de la Fiscalía, “es decir, a pruebas obtenidas con anterioridad a las conversaciones anuladas”.

El juez Ruz hace suyas estas argumentaciones para rechazar el archivo y mantener la imputación del empresario Ulibarri.

Entre las detenciones y registros de las sedes donde operaban los cabecillas de la red Gürtel, ocurridas el 6 de febrero de 2009, y la orden para la intervención de comunicaciones en la cárcel de los jefes de la trama (19 de febrero de 2009), pasaron 13 días. En ese periodo de tiempo, la policía intervino numerosa documentación, en la que se sostiene una parte principal de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Además, la investigación del caso se había iniciado al menos seis meses antes, con intervención de las comunicaciones de los sospechosos en las que se sostienen también muchas de las acusaciones. Junto a ellas, decenas de testimonios recabados en la causa sin relación con las escuchas en la cárcel suponen nuevos indicios sólidos contra los imputados.

El abogado Peláez presentó la semana pasada un nuevo recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Pablo Ruz. Hace solamente dos meses, los magistrados ya rechazaron un recurso similar del mismo abogado y por parecidos motivos.

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